La diputada nacional del PSOE, María Luisa Carcedo, ha advertido este lunes de que desde la llegada de Alberto Ruiz Galladón al Ministerio de Justicia se aprecia "un afán contrarreformista de la Justicia que es altamente preocupante desde el punto de vista democrático".

Esta opinión también es compartida por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, durante la rueda de prensa que han ofrecido ambos en la sede de la FSA-PSOE de ASturias, que ha señalado que "lo que sí ha conseguido este Gobierno es poner en contra a todos los que tienen que ver con la Justicia sobre el contenido de esas reformas, también por sus formas, por la escasa o nula negociación que ha tenido, por lo que no podemos compartir este cúmulo de reformas que, a parte de ideológicas, tienen un espíritu recaudatorio".

Ante situación, este lunes se ha constituido un grupo de estudio en la FSA-PSOE, formado por militantes con conocimiento en la Justicia, que van a hacer un seguimiento de las modificaciones legales del Gobierno del PP y, especialmente, de aquella normativa y aspectos en materia de Justicia en los que tiene competencia el Gobierno de Asturias.

Carcedo, que ha participado en la primera reunión de ese grupo de Justicia, ha destacado que "de entre las leyes impulsadas por el Gobierno de España, paradójicamente con el ministro Gallardón, que se quería presentar como el ala progresista del PP, se está impulsando las leyes de mayor calado conservador y de retroceso democrático".

La parlamentaria socialista, entre las 10 leyes aprobadas esta legislatura, ha puesto énfasis en la modificación de la ley del aborto, que rechazó de plano por su "regulación extrema", como en el caso de las malformaciones genéticas, porque "introduce un factor de crueldad con las mujeres al introducir cuestiones morales sobre el derecho de discapacidad".

ABORTO

Además del aborto, Carcedo ha criticado la modificación del registro civil por su espíritu privatizador, así como el retroceso conservador en la ley de tasas judiciales, que el PSOE ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, la reforma del Código Penal o la modificación de la legislación del Poder Judicial porque "hace al órgano de los jueces subsidiario del Gobierno".

Por su parte, Guillermo Martínez, ha rechazado la subida de tasas judiciales porque "supone que, en algunos casos, sea superior la cuantía de la tasa al propio coste del pleito y busca, además del afán recaudatorio, un afán disuasorio"

El consejero de Presidencia, que también forma parte de la comisión ejecutiva autonómica de la FSA-PSOE, se ha referido también a los efectos negativos que la reforma de la ley del Poder Judicial tendrá en los juzgados de paz, un órgano que acogen 60 ayuntamientos en Asturias. En este sentido, Martínez denuncia que "se hace un flaco favor a la Justicia y a la labor de proximidad con el planteamiento que se hace con la nueva ley, que supone la desaparición de los juzgados de paz".

Asimismo, Martínez ha admitido que "hay un desfase en la financiación" de la justicia gratuita, motivado por el incumplimento de la financiación ya que el Gobierno de España se había comprometido aportar fondos para este servicio "pero no disponemos de ella". El presupuesto de la consejería de Presidencia para la asistencia jurídica gratuita en 2013 asciende a 3,8 millones de euros.

El consejero advierte de que el coste de este servicio podría aumentar por el aumento de las solicitudes de justicia gratuita y porque "nos temenos que la actual situación económica incremente esa demanda y también porque la subida de tasas hará que muchos ciudadanos se acojan y haya más demanda".