El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presentó el martes en la Fiscalía General del Estado (FGE) una denuncia contra El Mundo y la Cope en la que pide que investigue si cedió al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera un despacho tras el 11-M, como afirma el diario.

El despacho de Vera

Según una información publicada por 'El Mundo', Rafael Vera hizo uso de un despacho y de un teléfono de la Junta de Extremadura para adelantar al PSOE que habría detenciones de islamistas dos días después de los atentados.

A raíz de la publicación de esos hechos, el presidente extremeño se entrevistó con el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para pedir protección judicial.

Registrada la denuncia, el fiscal general del Estado, según informa en un comunicado, tramitará "por la vía habitual" el escrito, de forma que, tras el análisis de la secretaría técnica, decidirá si remite el asunto a alguna fiscalía, a algún juzgado o lo archiva.

Actuación en consecuencia

En la conferencia de prensa posterior a esa entrevista, el presidente extremeño exigió al fiscal general que le investigue y afirmó que "todos los despachos y teléfonos" de la Junta de Extremadura están a disposición de la Justicia.

Ibarra pidió la redacción de un informe para ratificar la veracidad o falsedad de la información y actuar "en consecuencia", de modo que si es "verdadera", dimitirá; y si es "falsa", demandará al director de "El Mundo", Pedro J. Ramírez, y al periodista de la Cope Federico Jiménez Losantos.

Entre otras razones, apuntó, su entrevista con Conde-Pumpido obedece a su deseo de "ir contra Pedro J.Ramírez y Jiménez Losantos".

Burda mentira

Ibarra, en definitiva, afirmó que "es falsa" y una "burda mentira" la información de "El Mundo", así que negó que proporcionara a Vera un despacho y un teléfono y que el ex secretario de Estado de Seguridad haya visitado Extremadura a primeros de marzo de 2004.

Además, aseguró que tras los atentados del 11-M fue "leal" con el Gobierno de José María Aznar, ya que, según explicó, intentó trasladar al entonces presidente lo que se le decía, "pero Aznar no se quiso poner".

"Se puso el vicepresidente económico del Ejecutivo entonces, Rodrigo Rato, y sólo le interesaba que fuera a la manifestación -del 12 de marzo- y apoyara al Gobierno", añadió.

Deslealtad del anterior Gobierno

Acusó de "deslealtad" al anterior Ejecutivo del PP y al ministro del Interior en ese momento, Angel Acebes, a quien pidió responda de "su gestión del mayor atentado de la historia de España" porque "mientras estaba entretenido en querer meter al lehendakari Juan José Ibarretxe en la cárcel, no se enteró de que había islamistas radicales circulando con bombas para matar a 192 personas".

El presidente de Extremadura se acogió a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Código Penal y al estatuto del Ministerio Fiscal para trasladar a Conde-Pumpido la necesidad de que le proteja la Justicia ante un "hecho aparentemente delictivo, la información de ayer de 'El Mundo' que repicó la Cope".

Ibarra recordó sus tiempos de lucha contra la dictadura de Franco para afirmar que no desempeñó ese papel para que "los políticos democráticos hicieran mejores carreteras", sino para "poder tener libertad y ejercer los derechos libremente".