La Fiscalía de Valencia mantiene la demanda interpuesta contra la mercantil El Mobiliario Urbano SLU, que gestiona el servicio de alquiler de bicicletas públicas de la ciudad, Valenbisi, al no recibir ninguna modificación en las cláusulas que consideró "abusivas", según ha podido saber Europa Press.

El titular de la Sección Social, Contencioso-Administrativo y Mercantil de la Fiscalía de Valencia, Manuel Campoy, interpuso el pasado mes de abril una demanda contra esta empresa al considerar que tres de las cláusulas de su contrato son "abusivas". La causa cayó en un juzgado de lo Mercantil, y como el fiscal no tiene constancia de que se hayan modificado estas condiciones, el escrito judicial sigue su curso y acabará en un juicio civil.

Tras hacerse pública esta demanda, desde el consistorio valenciano indicaron que la empresa estaba revisando las cláusulas con sus servicios jurídicos, aunque insistieron en que tendrá que ser el juez quien "tome la decisión pertinente y tenga la última palabra sobre el tema", aseveraron.

La demanda surgió a raíz de la denuncia interpuesta por una usuaria de Valenbisi, y el fiscal, tras estudiarla, y en base a la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios (LGDCU), solicitó anular algunas cláusulas del servicio y no utilizarlas en el futuro, al entender que perjudican a los consumidores.

En concreto, considera "abusivas" tres cláusulas: la primera, la que señala que cualquier retraso superior a 24 horas en la devolución de la bicicleta se considerará desaparición de la misma, con lo que habrá que pagar una indemnización; la segunda, que señala que la empresa no es fabricante y, por tanto, no responsable de los vicios ocultos en la bicicleta; y la tercera, que en caso de litigio, prevalecerá la información que aporte la empresa.

Las clásulas

Respecto a la primera, el fiscal indica en su demanda que esta cláusula establece una presunción en contra del usuario, al considerar como desaparición el "simple" retraso en la devolución de una bicicleta, "aún cuando existiera causa justificada"; también cree que genera un "desequilibrio" entre partes al eximir a Valenbisi de la carga de probar que ha habido desaparición; y al obligar al usuario a tener que probar, en su caso, que no se trata de una desaparición.

En cuanto a la segunda cláusula, el fiscal considera que "está redactada de forma no clara ni fácilmente comprensible" para los usuarios, ya que "no queda claro si Valenbisi está o no excluyendo o limitando su responsabilidad legal, pese a ser dicha entidad la que diariamente contrata, comercializa y pone a disposición las bicicletas".

Asimismo, respecto a la tercera cláusula, señala que supone otro "desequilibrio" al establecer una presunción a favor del propio titular del Sistema Valenbisi, "basada en datos informáticos que él mismo maneja y dispone"; y obligar al usuario a probar y demostrar en juicio que los datos son "erróneos". Sobre este último aspecto, el fiscal advierte de que esta prueba, en la práctica, resulta "imposible", por lo que "el ejercicio de los derechos del usuario quedan vinculados al exclusivo criterio y voluntad del titular del Sistema Valenbisi".

En la actualidad, el servicio de alquiler de bicicletas públicas de la capital valenciana cuenta con más de 100.000 usuarios. Asimismo, Valenbisi, que funciona las 24 horas del día y los 365 días del año, tiene a disposición de los ciudadanos 275 estaciones, 2.750 bicicletas y cerca de 5.000 puntos de anclaje para estos vehículos.