El Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid ha decretado este lunes el sobreseimiento provisional del caso de la muerte de Enrique Morente, y el archivo de actuaciones contra distintos profesionales médicos de la Clínica La Luz de Madrid donde fue atendido antes de su muerte el cantaor Enrique Morente, según el auto dado a conocer este lunes.

Esta decisión se toma, después de que la Fiscalía pidiera la pasada semana al juez Fermín Javier Echarri, que investiga la muerte, el sobreseimiento provisional del caso tras considerar que "no que ha quedado debidamente acreditada la comisión por parte de ninguno de los imputados de conducta delictiva alguna".

Tras el fallecimiento del cantaor, a los 67 años, una semana después de ser operado por segunda vez de un cáncer de esófago, su familia presentó una denuncia por presunta negligencia médica.

La familia acusa a los responsables médicos —encabezados por el doctor Enrique Moreno— de imprudencia profesional con resultado de muerte, falsificación de documento oficial y abandono sanitario, ya que considera que no se atendió a tiempo al cantaor.

El forense del juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, que investiga el fallecimiento del cantaor a petición de la familia, había concluido en su informe, presentado en enero, que la actuación médica proporcionada a Enrique Morente en la clínica madrileña en la que murió fue "la adecuada".

En su escrito, notificado a las partes, el fiscal afirma que "confiere especial relevancia" a ese informe del médico forense ya que se trata de "un profesional al servicio de la Administración de Justicia de cuya imparcialidad y competencia no hay motivos para dudar".

Según ese informe y otras pruebas periciales, el postoperatorio de Morente se desarrolló inicialmente "con total normalidad" e incluso el paciente "fue extubado a las pocas horas de la operación" e "hizo ejercicios respiratorios sin complicación alguna".

"La existencia de una posterior rotura de una arteriola no puede considerarse como una mala praxis médica puesto que se trata de una de las posibles complicaciones y como tal constaba en el consentimiento informado cuando se hablaba de riesgo de hemorragias", precisa el fiscal.

En cuanto a la atención que el cantaor recibió en la UCI, otro de los extremos denunciados por la familia, el fiscal señala que "no hay indicios para pensar" que la actuación de los profesionales encargados de su cuidado "se alejó de la lex artis".

Los síntomas que presentó el paciente tras la primera operación -diuresis justas, disminución de la saturación de oxígeno y cierta distensión abdominal- no eran "suficientes ni relevantes de la existencia del sangrado interno" que se le produjo.

Unas conclusiones ratificadas por varias de las pruebas periciales practicadas durante la investigación, incluida la realizada a petición de la acusación particular por cuatro médicos que consideraron que en la UCI "se siguieron los protocolos de vigilancia adecuados".

Por todo ello el fiscal considera que la actuación de los facultativos de la UCI en la vigilancia y tratamiento de Morente durante el postoperatorio de la primera operación "fue adecuada".

No infringieron el deber de cuidado del paciente y con su conducta no se creó un riesgo previsible y evitable, por lo que no se dan los requisitos legales para imputar a los médicos intensivistas de la UCI "el delito de homicidio por imprudencia profesional que ha sido objeto de investigación".

Igualmente considera que no se puede imputar al doctor Moreno —premio Príncipe de Asturias en 1999, catedrático de Patología Quirúrgica de la Universidad Complutense y jefe de Cirugía General del Hospital 12 de Octubre de Madrid— y a su equipo "ningún comportamiento ilícito" en lo que se refiere al número de drenajes utilizados para detectar sangrado.