La Policía ha detenido en el Congreso de los Diputados a un grupo de activistas de la organización Greenpeace que se han encaramado a la fachada principal del edificio cuando se debatía en el Pleno la reforma de la Ley Costas para realizar una acción de protesta. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez les ha dejado en libertad posteriormente imponiendo comparecencias mensuales en la sede judicial más cercana a sus domicilios.

Los ocho activistas habían sido trasladados a dependencias de la Brigada de Información del complejo policial de Moratalaz. La policía les atribuye un delito contra las instituciones del Estado, según confirman fuentes de la Jefatura Superior de Policía.

Según recoge el Código Penal en su artículo 493, esta acción podría llegar a ser castigada con hasta cinco años de cárcel: "Los que, sin alzarse públicamente, invadieren con fuerza, violencia o intimidación las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, si están reunidos, serán castigados con la pena de prisión de tres a cinco años".

Los activistas llegaron por sorpresa en una furgoneta que frenó bruscamente y muy rápidamente se bajaron del vehículo, en el que se quedaron esperando el conductor y el copiloto. Se dividieron en dos grupos y mientras varios de ellos pretendían escalar los andamios que cubren la fachada trasera del Congreso, que está en obras, otros quisieron acceder al tejado por los andamios de la fachada principal.

Uno de ellos, según las mismas fuentes, ha conseguido colgarse del frontispicio de la fachada para intentar desplegar una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ya que los policías le han dejado que lo hiciera porque interceptarle en mitad de la ascensión hubiera sido muy arriesgado para la integridad física de los agentes y el propio activista.

Para la organización ecologista "hoy es un día negro para el medio ambiente. El Congreso va a aprobar no solo que el Ministerio de Medio Ambiente regale a unos pocos intereses privados la costa española, sino que actúe con imprudencia al no tener en cuenta, por ejemplo, la subida del nivel del mar. Es la culminación de las barbaridades de la burbuja inmobiliaria", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

El ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha respondido que las leyes se defienden en el seno del Congreso de los Diputados y ha calificado de "ilegal" la acción de protesta de Greenpeace. Para Cañete, cometer actos fuera de la ley "tiene la calificación que tiene" y serán los jueces los que tomaran las decisiones, pero en una democracia "no es necesario vulnerar la ley para defender con argumentos las posiciones de cada cual".

El presidente del Congreso, Jesús Posada, ha reconocido que se han producido "fallos de seguridad" en la Cámara y ha avanzado que la Comisaría del Congreso, que depende orgánicamente de la Presidencia de la Cámara, ya ha abierto una investigación para esclarecer cómo los ecologistas han conseguido burlar la seguridad del Palacio de la Carrera de San Jerónimo.

"Se están abriendo diligencias. Lo veremos en las próximas horas, para saber cómo ha ocurrido esto y que no vuelva a ocurrir", ha subrayado. No obstante, el presidente del Congreso ha querido diferenciar esta protesta "pacífica" de los escraches que han sufrido muchos diputados, aunque eso sí, tampoco considera "aceptable" subir a la fachada del Congreso e intentar colgar una pancarta.

"No me gusta nada, es un fallo de seguridad, pero quiero diferenciar estas protestas de las que ha habido en el pasado, que eran atacando directamente a diputados, con insultos y que al final terminaban en violencia", ha recalcado.

También el portavoz de los populares en el Congreso, Alfonso Alonso, ha considerado que se ha producido un fallo de seguridad que "tendrán que mirar los de la casa". Y en la misma línea que Posada, Alonso ha restado importancia a esta protesta: "Bueno, los de Greenpeace son pacíficos", ha dicho a los periodistas.

La Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado en un comunicado las declaraciones de Posada y ha elogiado la actuación de los policías que han detenido a los activistas.

"La intervención policial ha sido todo un ejemplo de reflejos por parte de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) que no tiene como misión la protección del edificio del Congreso sino la prevención y, en su caso, restablecimiento del orden público en la calle" ha sostenido el sindicato policial.

Por eso las palabras del presidente de la Cámara Baja "resultan, cuando menos, poco acertadas" y en su opinión "debería haber tenido en cuenta la intervención rápida, quirúrgica y proporcionada de los miembros de la Unidad de Intervención Policial". El sindicato policial ha incidido en que la actuación de estos agentes "no ha supuesto, al contrario de lo que ha afirmado el presidente de la Cámara Baja, ningún error o fallo policial".