El magistrado del Tribunal Supremo José Ramón Soriano defiende la investigación patrimonial de las cuentas conjuntas del exministro José Blanco y su esposa, Isabel Mourenza, así como la actuación de la UDEF en la 'Operación Campeón' en dos autos en los que rechaza los recursos presentados por la defensa del mandatario del PSOE contra las últimas diligencias de investigación practicadas.

En una de estas resoluciones, dadas a conocer este miércoles, el magistrado del alto tribunal señala que las pruebas realizadas por la UDEF, entre ellas la investigación de las cuentas del matrimonio entre 2006 y 2011 así como la nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y el vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, están justificadas porque "se hallan en la línea de la investigación del hecho en trance de agotar la práctica de diligencia con inicial virtualidad esclarecedora".

Igualmente, defiende las gestiones de la UDEF en aras a aclarar un presunto desfase en el proceso de compra del chalet de Blanco en Las Rozas (Madrid) porque "en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid en alguna medida se la debía a su amigo Orozco", según conversaciones telefónicas atribuidas a este último.

Ello da pie para investigar, a juicio del instructor de la causa, "si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos, percepciones o ingresos legítimos del aforado, todo ello dentro de la investigación del delito de cohecho impropio por percepciones de cantidades dinerarias en consideración a su cargo".

Udef responsable y correcta

En términos igualmente duros, el magistrado Soriano respalda la labor de la policía judicial, criticada reiteradamente en sus recursos por el abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, pues las incardina dentro de la labor propia de los agentes, que califica de "responsable y correcta" y realizada "en forma de dación de cuenta e impulso de la investigación con conocimiento del fiscal".

En sus recursos, el letrado tachaba la labor de la UDEF de "prospectiva" por alejarse del origen de la investigación, que no era otro que el supuesto pago de 200.000 euros a Blanco en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones que se había probado falso a lo largo de la instrucción según esta parte.

A este respecto, el magistrado que investiga la implicación de Blanco en una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas afirma que no cabe pasar por alto que las imprecisiones del denunciante de estos hechos, el empresario farmacéutico Jorge Dorribo, "no indican que todo lo declarado por éste sea falso".

Parada "anómala" en gasolinera

"A ello se une la anomalía de la parada del señor ministro en el área de servicio de la gasolinera de Guitiriz para recoger al señor Dorribo", según el magistrado del Supremo, a lo que se suma "alguna conversación telefónica", lo que justifica que se le investigue en aras a "determinar cualquier incremento patrimonial llamativo o anómalo, que no resulta justificado, como dato indiciario de la percepción del dinero que se dice recibido por el aforado".

No obstante, el magistrado reconoce que, respecto a los hechos presuntamente acaecidos en la estación de servicio existe una "ausencia de actos incriminatorios después de una exhaustiva investigación", lo que favorece la posición de Blanco al respecto.

Tampoco puede calificarse de diligencia prospectiva, a juicio de Soriano, el examen de las cuentas de Isabel Mourenza pues no se investiga a una persona distinta, "sino a la esposa del imputado en aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de sociedad de gananciales con aquél".

En un segundo auto se rechaza el recurso contra la nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y el empresario Orozco porque no producen indefensión en el imputado, "ya que el cotejo de las transcripciones son elementos instrumentales que facilitan el acceso al contenido de las conversaciones" y además la defensa ha tenido acceso a las mismas.

A principios del pasado mes de marzo, la defensa de Blanco solicitó la anulación de las providencias que validaban los trabajos de la UDEF por entender, entre otros motivos, que suponían la invasión de la privacidad de una persona, la esposa del exministro de Fomento, que no está imputada en esta causa.