Un tercer detenido en Albuñol en la operación contra el fraude en el catastro

La Guardia Civil ha detenido a una tercera persona en la operación abierta contra el fraude en el catastro de Granada, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el municipio granadino de Albuñol, después del arresto este martes de un funcionario, jefe de uno de los departamentos del catastro, y de un arquitecto, además de la imputación de otros cinco presuntos implicados.

La Guardia Civil ha detenido a una tercera persona en la operación abierta contra el fraude en el catastro de Granada, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en el municipio granadino de Albuñol, después del arresto este martes de un funcionario, jefe de uno de los departamentos del catastro, y de un arquitecto, además de la imputación de otros cinco presuntos implicados.

Se trata, según han informado fuentes de la investigación, del trabajador de una notaría, donde se están practicando registros en su despacho para la obtención de documentación necesaria para el esclarecimiento del caso. Según las fuentes, la notaría no tendría en principio nada que ver en el posible fraude y el detenido podría haber actuado a título individual.

La operación sigue abierta y, según la fuentes consultadas, podría conllevar más detenciones en la jornada de este jueves, entre ellas la de otra persona en otro municipio de la costa granadina.

Este martes se practicaron un total de tres registros, en el despacho y en la casa del arquitecto y en las oficinas del catastro, situadas en la calle Mesones de la capital granadina.

La operación está siendo llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General del Catastro, y por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que se ha encargado de la instrucción del asunto.

Se trata de una "trama de corrupción funcionarial" para modificar el catastro de forma fraudulenta para la obtención de certificados falsos para dar "cobertura legal" a las alteraciones en la titularidad de las fincas, operaciones por las que presuntamente los arrestados obtendrían beneficios —probablemente económicos— a cambio.

Los delitos que se le atribuyen a los presuntamente implicados son los de falsificación de documento público, tráfico de influencias y prevaricación administrativa.

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