El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes del Gobierno de Aragón, Rafael Fernández de Alarcón, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico "no ha judicializado" la gestión de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), sino que pretende "defender el patrimonio de todos los aragoneses" y pagar "lo justo" por la urbanización de ese espacio.

Así se ha pronunciado en rueda de prensa, donde ha presentado la propuesta de servicios ferroviarios de la Comunidad autónoma, tras la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Zaragoza, que condena al Gobierno de Aragón a pagar a las contratistas de la urbanización de Plaza 10,96 millones de euros por no haberles abonado cuatro pagarés hace un año, más intereses.

Fernández de Alarcón ha recalcado que el objetivo "es, exclusivamente, conseguir pagar lo que justamente se debe pagar" por la urbanización, obras que "fueron contratadas por una cantidad", mientras que la deuda reconocida "ha sido por tres veces", además de que "unas se han hecho y otras no se han acabado".

El consejero ha precisado que el órgano de dirección de Plaza ratificó ese reconocimiento de deuda el 20 de junio de 2011, cuando el anterior gobierno ya estaba en funciones, la decisión llevó a las contratistas a poner una demanda a Plaza por no haber atendido el 1 de enero de 2012 ese requerimiento.

Por eso, ha dicho, lo que está haciendo el Gobierno de Aragón "es defenderse", para agregar que "no voy a dimitir por mi gestión en las empresas públicas inmobiliarias" como han pedido los grupos de la oposición en las Cortes aragonesas, PSOE, CHA e IU.

Al contrario, ha opinado que su trabajo está siendo "eficaz, razonable" y "tengo todo el apoyo" de la presidenta de la Comunidad, Luisa Fernanda Rudi, "y de todo el Gobierno", para indicar que los actuales responsables políticos han heredado una empresa "con más de 200 millones de euros de deudas, que estamos refinanciando y que vamos a poner en orden, reduciendo muchos costos".

Levantar alfombras

El consejero ha remarcado que el Ejecutivo "no ha trabajo, ni está trabajando en levantar ningún tipo de alfombras, ni su objetivo es seguir hablando del pasado", al tiempo que "todo lo que hemos hecho en el Gobierno de Aragón y en la presidencia de Plaza ha sido avalado por los servicios jurídicos".

Al respecto, ha estimado que, tras los informes del Tribunal de Cuentas de 2008 y 2009 sobre Plaza, el de la Cámara de Cuentas de Aragón de agosto de 2012 y el de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas de febrero de 2013, "lo lógico es que el Gobierno no mire para otra parte".

A su entender, en Plaza "sobran farolas, bordillos, espacios" porque "podía haberse hecho la urbanización con la misma eficiencia y con 120 millones menos" ya que las empresas hubieran podido trabajar igual.

Así, ha estimado, la Plataforma Logística de Zaragoza "tiene un solo error", que "para vender cinco millones de metros cuadrados, hemos tenido que urbanizar, pagar y mantener 13" y "por eso tiene 115 millones de déficit", si bien "eso no son decisiones de este Gobierno".

SENTENCIA

El consejero ha leído algunos párrafos de la sentencia que avalan su argumentación ya que en ella se dice que "la empresa Plaza ha actuado dentro del ejercicio responsable de su derecho, fundando jurídicamente su oposición al pago de una demanda en una extendida doctrina del Tribunal Supremo que entiende que la existencia de un reconocimiento de deuda no impide entrar a conocer sobre la realidad de ejecución de las prestaciones".

Además, según el citado texto, Plaza "ha actuado con el único criterio de la defensa de los intereses generales de la Comunidad autónoma y en el ejercicio de su responsabilidad", "exigiendo la ejecución de la obra, sin admitir que se tenga que pagar un importe que no se corresponde a las obras realmente ejecutadas".

No obstante, ha matizado el consejero, "sobre este punto la sentencia no entra en valoración alguna, quedado sin respuesta esta cuestión transcendental porque en un juicio cambiario no procede", de forma que la sentencia "está bien planteada", ha comentado.

En ella, también se precisa que "se deben pagar las cantidades" de deuda reconocida "aún cuando las obras que correspondan a estos importes estén inacabadas, no se hayan recibido o simplemente no exista una parte de lo que se pretende construir".

El consejero ha informado de que los servicios jurídicos están estudiando la sentencia y "no está decidido" si presentarán un recurso o no, para lo que disponen de un plazo de 20 días, así como de otro de dos meses para proveer la cantidad que adeudan a las empresas que urbanizaron Plaza.

Al respecto, ha apuntado que el Gobierno de Aragón "proveerá lo necesario, si tiene que cumplir esta sentencia" y ha mostrado su interés en "reducir los costos colaterales de este asunto al mínimo".

Proyecto imprescindible

Fernández de Alarcón ha subrayado que Plaza "es un gran proyecto" e "imprescindible para el suroeste de Europa" y ha sostenido que "no resulta conturbado por una cosa como ésta", sino que "tiene futuro y va a tener futuro, con independencia de que tengamos una discusión lógica para pagar lo justo sobre unas determinadas obras".

En esta línea, ha apuntado que este asunto "no va a afectar a que venga ninguna industria y estamos negociando con algunas", y sí que inciden otras cuestiones como "que tengamos la Travesía Central por el Pirineo, la estación de cercanías y un nuevo enlace con la antigua carretera de Madrid".

El consejero ha manifestado que "vamos a trabajar por mejorar Plaza", para exponer que la situación del mercado es la "razón de que en este momento no tengamos contratos". El consejero se ha referido, asimismo, a la empresa Amazon, sin nombrarla, que estudia implantar su sede central de España en Plaza o en Madrid.

Según ha precisado, "su petición de espacio no cabía en la mejor y más grande parcela de Plaza" y "seguimos trabajando con ellos para ubicarla en Aragón".