El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, se ha reunido este lunes con los seis alcaldes en cuyos municipios hay viviendas con sentencias de derribo, de quienes espera su colaboración para la ejecución del plan de derribos y a los que ha pedido que impulsen, "en el plazo más breve", los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de sus respectivos municipios.

Según ha informado el Gobierno, Fernández ha explicado a los regidores de Arnuero, José Manuel Igual; Piélagos, Enrique Torre; San Vicente de la Barquera, Julián Vélez; Miengo, Avelino Cuartas; Argoños, Juan José Barruetabeña; y Escalante, Juan José Alonso, el proyecto de ley en el que propone la concesión de autorizaciones provisionales para evitar el derribo de las viviendas afectadas por sentencia firme hasta la aprobación definitiva de los planeamientos urbanísticos de los municipios.

El titular de Urbanismo, que se ha reunido una hora con cada uno de los alcaldes, espera su colaboración para la ejecución del plan y en la aprobación de los PGOU.

En este sentido, el Gobierno ha destacado que gracias al "intenso trabajo" desde principios de legislatura, el plan de Arnuero se aprobará en julio; el de Miengo y el de Piélagos tendrán próximamente su aprobación inicial; el de San Vicente de la Barquera tiene ya una aprobación provisional; el de Escalante, que no existía, "dentro de poco" tendrá aprobado su avance o aprobación inicial; y el de Argoños se irá "compatibilizando" con el PORN de las Marismas de Santoña.

El pasado sábado, el presidente cántabro, Ignacio Diego, presentó a los grupos políticos con representación en el Parlamento regional este texto legal que será aprobado por el Consejo de Gobierno, previo informe de los Servicios Jurídicos, en su reunión del próximo jueves, día 9, y remitido al día siguiente a la Cámara, donde se espera que concite el consenso de todas las formaciones para que se apruebe "en el plazo de tiempo más breve posible".

Según ha explicado, Fernández, se trata de un planteamiento que permite ejecutar el Plan de Derribos que el Gobierno aprobó en 2011 con los ayuntamientos afectados "sin menoscabar" las facultades de los órganos jurisdiccionales, tal y como recogía la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional hace escasos días.

De esta forma, se podrán conceder autorizaciones previas cuando el plan esté aprobado inicialmente con carácter general o, transitoriamente, a pesar de no contar con la aprobación inicial, "cuando tenga los elementos de juicio necesarios para comprobar que la ordenación que recoge ese plan en tramitación es compatible con la edificación preexistente".

El consejero ha añadido que los jueces podrán analizar esas autorizaciones previas y decidir si son conformes a derecho o no. Entonces pueden darse dos circunstancias: si consideran que esa nueva regulación del plan que da lugar a la autorización provisional se ajusta a derecho, las viviendas se mantendrán, "por lo menos", hasta la aprobación definitiva del plan, mientras que si entienden que no son legales porque existe algún vicio de legalidad, las autorizaciones quedarán anuladas.

Tanto Ignacio Diego como Javier Fernández han destacado la "diligencia suma" y el esfuerzo que el Gobierno ha realizado no sólo para poner encima de la mesa de los afectados esta "solución" que va a "resolver muchos problemas" y a "eliminar la incertidumbre", sino también para impulsar los planeamientos urbanísticos de los municipios de Cantabria, especialmente de los afectados por derribos.

Finalmente, Diego y Fernández han querido enviar un mensaje de tranquilidad a los afectados y otro de "absoluta lealtad" a los jueces para colaborar con ellos en la ejecución de las sentencias.