El portavoz del grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eloy Suárez, ha propuesto que las sanciones por cometer actos incívicos tengan una cuantía mínima de 50 euros, con la finalidad de que "haya una contrapartida económica y estas conductas no se queden sin multa por estimaciones subjetivas".

Suárez ha explicado que este mínimo de multa por conductas incívicas oscilaría entre los 50 euros y 250 euros, en lugar de entre los 0 y los 250 euros que se recoge en los borradores de las nuevas ordenanzas, mientras que la rebaja de 1.500 a 750 euros de cuantía máxima en las sanciones, como en el caso del 'botellón' la ha calificado de "razonable" dada la situación económica. Ha precisado que la finalidad "no tiene que ser recaudatoria sino de civismo y de mantenimiento del orden".

Esta es una de las propuestas que se recogen en los 22 votos particulares que el PP ha elaborado a tres ordenanzas en fase de modificación, como son la de limpieza pública, la de usos de zonas verdes y la de actividades publicitarias, tras la desaparición de la Ordenanza de Protección del Espacio Urbano, denominada 'ordenanza cívica'.

En rueda de prensa, ha detallado otros votos particulares como el aumento de 700 a 1.500 euros las sanciones por conductas incívicas con daño patrimonial, y ha criticado que se pretenda eliminar la infracción por fijar carteles aludiendo a la libre libertad de expresión, que "no tiene nada que ver con un potencial daño a posibles elementos patrimoniales y que además crea un amplio margen de impunidad".

Eloy Suárez se ha mostrado partidario de sancionar con 80 euros, en vez de con 0 euros a los dueños de animales por no recoger los excrementos, y ha abogado por aumentar del 40 al 50 por ciento la bonificación por el pronto pago de la multa.

Entre los votos particulares del PP se contempla destinar el 2 por ciento de la recaudación por multas a campañas de sensibilización cívica porque "la educación es una parte importante" en la convivencia.

El portavoz del PP ha justificado estos cambios indicando que "si los supuestos infractores detectan que las sanciones pueden quedar en nada se podría producir un aumento de los actos vandálicos, algo nada deseable".

Para Suárez, si no se penaliza "el pintar con tiza o pintar paredes se puede llegar a ver el Pilar pintado y no sería razonable". Ha reconocido que no tiene la sensación de que la ciudad sea insegura, aunque ha recordado que en sus visitas a los diferentes barrios, los presidentes de las asociaciones vecinales dicen que se han incrementado los problemas de seguridad ciudadana.

CLAUDICAR

Eloy Suárez ha tildado de "error mayúsculo tanto en el fondo como en la forma" que se haya derogado la 'ordenanza cívica', aprobada hace dos años con el consenso de los grupo municipales del PP y PSOE, que tenía como objetivo "una mejor convivencia y urbanidad".

El concejal popular ha lamentado que el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, en lugar de negociar con los grupos municipales "claudique al chantaje de IU", al aseverar que la derogación de la 'ordenanza cívica' viene derivada de la "imposición de tres concejales —de IU— para aprobar el presupuesto".

Según Suárez es una "irresponsabilidad de Belloch" que, en lugar de velar por los intereses ciudadanos, opta por transigir ante la imposición de una minoría por seguir en el sillón".

A su parecer, esta decisión puede conllevar que "ciertas actividades incívicas que dificultan la convivencia se puedan realizar con más facilidad" y se ha preguntado "a quién beneficia en unos momentos en los que la calle está complicada".

Su impresión es que "solo beneficia a quien se salta las normas de convivencia con fines políticos" y ha reiterado su disconformidad en la reorganización de las ordenanzas y en el procedimiento sancionador.

Tras dejar clara su postura de mantener la 'ordenanza cívica' por "seguridad jurídica en el proceso sancionador", el portavoz del PP ha cuestionado el resultado de estas nuevas tres ordenanzas al detectar que en los borradores "falta concreción, se verá alterada la seguridad jurídica y deja un amplio margen de discrecionalidad que será problemático".