Piden imputar a Joan Tardà (ERC) por participar en un acto de apoyo a Arnaldo Otegi

  • Según la asociación Dignidad y Justicia, hay indicios de un delito de enaltecimiento del terrorismo.
  • También acusa a los diputados de Amaiur Rafa Larreina, Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Maite Aristegui.
  • El juez instructor archivó el caso al no observar nada irregular pero la Audiencia Nacional ordenó su reapertura.
El diputado de ERC Joan Tardà.
El diputado de ERC Joan Tardà.
Sergio Barrenechea / EFE
El diputado de ERC Joan Tardà.

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que impute un delito de enaltecimiento del terrorismo "a todos y cada uno" de los participantes, entre ellos el diputado de ERC Joan Tardà, en un acto de apoyo a Arnaldo Otegi celebrado a las puertas de la cárcel de Logroño, donde cumple condena, el 28 de enero del pasado año.

Si el magistrado accediera a tal petición, debería remitir las actuaciones al Tribunal Supremo dada la condición de aforado de Tardà y los diputados de Amaiur Rafa Larreina, Mikel Errekondo, Jon Iñarritu y Maite Aristegui, según informa este lunes La Razón.

Asimismo, el colectivo insta al juez instructor a solicitar más información sobre el acto de apoyo a Otegi a la Delegación del Gobierno en La Rioja, a la Consejería de Interior autonómica y al Ayuntamiento de Logroño.

Tres policías declararon por videoconferencia en marzo y aseguraron haber visto una gran pancarta en la que se pedía la liberación del exportavoz de Batasuna, aunque no pudieron identificar a las personas que intervinieron ni aclarar qué dijeron dada la distancia a la que se encontraban.

Si se sabe que se leyó un comunicado en el que se decía que "suman 837 días" los que el exportavoz de Batasuna llevaba "secuestrado por el Estado español, siendo su único delito promover e impulsar el escenario actual en el que está inmersa toda la sociedad vasca". Además, se leyó una carta del filósofo Alfonso Sastre en la que se le calificaba de "héroe".

El juez Andreu archivó la causa en marzo de 2012 tras recibir un informe de la Dirección General de la Policía en el que se señalaba que durante el acto "no se observó ninguna conducta que fuera merecedora de sanción penal o administrativa".

Sin embargo, a petición de DyJ, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó su reapertura en febrero al advertir "un cierto grado de relevancia penal" merecedor, "como mínimo, de justificar una apertura de diligencias previas de investigación".

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