La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) considera que el decreto contra la exclusión social en Andalucía, que entra en vigor este sábado, es "totalmente insuficiente" y exige la aprobación urgente de la Ley de inclusión social y renta básica, que "atiende a todas las personas que viven en exclusión o en riesgo de ésta".

La organización recuerda que Andalucía tiene 1.473.700 personas paradas (36,87%), casi diez puntos más que la media española (27,15%), según ha puesto de manifiesto la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2013 hecha pública el pasado 25 de abril. Por ello, señala que la situación que está viviendo comunidad con respecto a las personas que viven en exclusión "es alarmante", a lo que hay que sumar "las familias que permanecen en exclusión hace décadas y a las que no se les dio solución en época de bonanza económica".

En este sentido, y en declaraciones a Europa Press, el coordinador área de Marginación de la Apdha Pablo María Fernández ha advertido de que la situación "es sangrante", porque "hay que sumar la gente que estaba en exclusión social a la gente que se está incorporando de una manera importante". "La cantidad de 120 millones que contempla el decreto es ridícula para atender a las necesidades reales que está viviendo la sociedad", porque "sabemos que no está dirigida a los parados pero cualquier persona parada está a las puertas de entrar en situación de exclusión, ya que las prestaciones las han podido ir perdiendo y no tienen ninguna posibilidad de encontrar trabajo".

De este modo, Fernández explica que donde "mejor" se ve esta situación es en el tema de los desahucios, "que afectan a gente de clase media normal, que tenía una solvencia económica y una hipoteca acorde con los sueldos", y, sin embargo, "son familias que se han visto en la calle de golpe y en una situación clara de exclusión social".

Asimismo, la Apdha lamenta que la Junta de Andalucía "no haya aprobado la necesaria" Ley de inclusión y renta básica para Andalucía, "a pesar de las reiteradas peticiones que han tenido de los colectivos y asociaciones que trabajan la exclusión en la región". Además, insiste en que el decreto es "insuficiente" porque "una inmensa mayoría de personas, en situación fuerte de exclusión o en riesgo de ella, quedarían al margen de este decreto por la insuficiente dotación económica".

"no hay apuesta fuerte de la junta para atender a los necesitados"

Por tanto, continúa, "no hay una apuesta fuerte de la Junta para atender a todas las personas que lo necesitan", como tampoco contempla "ninguna medida para que no se produzca el corte de suministros básicos (luz y agua) que están sufriendo, a diario, centenares de familias", ni baraja "soluciones para las personas que no tienen acceso a la vivienda, que sufren hacinamiento, chabolismo o simplemente viven en la calle".

Así las cosas, la organización exige una Ley de inclusión y renta básica, que "atienda a todas las personas que viven en exclusión o en riesgo de esta" y, hasta que se apruebe la ley, ve "necesario" que la Junta de Andalucía actúe "con decisión y asuma la situación de emergencia que está viviendo Andalucía y ponga en funcionamiento medidas urgentes para mejorar la situación que viven las personas que no tienen vivienda (espacios dignos donde guarecerse hasta alcanzar una solución definitiva)".

La Apdha también solicita al Ejecutivo andaluza "una red de comedores, o acceso a los alimentos sin más condiciones de acceso que las que da el derecho a la alimentación y que este esté garantizado de manera pública", así como "la aplicación de los diversos planes de erradicación del chabolismo tanto a nivel local como andaluz". Igualmente, pide "facilitar" el acceso a la vivienda y los suministros básicos a todas las personas que residen en Andalucía, y la "paralización" de todos los desahucios de primera vivienda y realojo de todas las familias que fueron desahuciadas.

Por último, exige "una ley de inclusión social para Andalucía que tenga en cuenta las aportaciones que se hicieron al borrador de anteproyecto de la Ley en las jornadas organizadas por la Oficina del Defensor del Pueblo (29/01/2009), así como las que salgan de un necesario encuentro con los colectivos y entidades que trabajan el tema de la exclusión en la región".