El Gobierno de Cantabria destinará 6,5 millones de euros a la construcción del nuevo centro de salud de Santa Cruz de Bezana, que tendrá un plazo de ejecución de 15 meses.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el convenio de encomienda de gestión del Servicio Cántabro de Salud (SCS) a Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria (GESVICAN), según ha informado en un comunicado el Ejecutivo regional.

Se modifica así la encomienda realizada por el anterior Ejecutivo (PRC-PSOE) en mayo de 2010 para la ejecución de esta misma infraestructura a la Sociedad Mercantil Gestión de Infraestructuras Sanitarias de Cantabria (GISCAN), encargada de la ejecución de las infraestructuras sanitarias y disuelta como consecuencia del proceso de reestructuración del sector público empresarial de la Comunidad Autónoma.

Para ubicar este centro de salud el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana acordó el 27 de mayo de 2009 la cesión de una parcela valorada en 472.000 euros.

Según ha señalado el Gobierno de Cantabria, con su puesta en marcha se "culmina" el mapa sanitario actual en el Área de Salud I de Santander y se "da respuesta", a su juicio, a las necesidades asistenciales específicas de esta zona, además de "mejorar" la red de Asistencia Primaria.

Además, en esta reunión, se tramitaron diversos expedientes por importe de más de 7,2 millones de euros.

Cambios en las eoi

El Consejo aprobó ayer también un nuevo reglamento que modifica el Decreto 16/2009, de 12 de marzo, por el que se regula el proceso de admisión de alumnos en los centros públicos y centros privados concertados que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional.

En concreto, se modifica la disposición adicional segunda, que establecía la remisión a la normativa específica únicamente en el caso de las enseñanzas especiales elementales y profesionales de la Música, resultando ahora preciso extender esta previsión a otras enseñanzas especiales de idiomas.

Asimismo, queda derogado el decreto 114/2008, de 13 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de admisión del alumnado en centros que impartan enseñanzas de idiomas de régimen especial en Cantabria.

Esta orden modifica el acceso a las Escuelas Oficiales de Idiomas (Santander, Torrelavega y Laredo).

Según el Ejecutivo, "flexibiliza" las condiciones de acceso a los distintos niveles de competencia lingüística que ofrecen las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), establecidos por el Consejo Europeo, "favoreciendo" la incorporación de nuevos alumnos que acrediten nivel por instituciones de prestigio o bien mediante la generalización de la aplicación de las pruebas de clasificación.

Estas pruebas serán fijadas por las EOI para establecer el nivel competencial del alumno, que ahora se generalizan para acceder a los niveles Intermedio y Avanzado.

Por otro lado, establece el nuevo nivel C1 en el aprendizaje de inglés, que se convierte en el más elevado.

Se trata de un nivel superior al que se impartía hasta el momento en las EOI, que era el B2, y comenzará el curso que viene.

En los próximos días se publicará la Orden de admisión y la oferta educativa.

Hasta ahora, la enseñanza en las Escuelas Oficiales de Idiomas se articula en tres ciclos de dos años cada uno: nivel Básico (A2), Intermedio (B1) y Avanzado (B2). Ahora, con esta nueva regulación, se implanta dentro del Avanzado el nivel de competencia C1, al que se accederá acreditando el B2. Habrá una reserva de plazas para los docentes de un 10 por ciento.

Además, en materia educativa, se ha autorizado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santander para mejorar la empleabilidad de los estudiantes de Formación Profesional 'Red de Empresas de Empleo en Santander'.

Así, se establecerán medidas de apoyo a los programas de formación en empresas y se desarrollará un curso de inserción laboral y habilidades profesionales para los estudiantes, con el objetivo de facilitar formación y pautas que les ayuden a la inserción en el mercado de trabajo.

Además, el Consejo aprobó el viernes una transferencia nominativa por importe de 409.575 euros a favor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), con el fin de financiar la asistencia a los cursos de los funcionarios y personal laboral de la Administración Autonómica, dado el interés formativo de los mismos.

Asimismo, el Gobierno promoverá la realización de ocho cursos de formación dentro de la programación anual de la UIMP en Santander.

También, dio el visto bueno a la concesión de 257.040 euros a la Fundación Marqués de Valdecilla, con el fin de participar en la dotación y desarrollo del servicio educativo del Centro de Educación Especial de Parayas, que atiende a alumnos de 3 a 21 años, con diversos grados de discapacidad.

Por otra parte, el consejero de Educación, Miguel Ángel Serna, informó de la adjudicación de contratos por importe de 63.164 euros para diversas actuaciones de mantenimiento en centros escolares y la adquisición de fondos bibliográficos, entre otros aspectos.

Riesgos por accidentes con sustancias peligrosas

Ya en materia de Justicia, el Gobierno regional aprobó el decreto por el que se designan los órganos competentes de la comunidad y desarrolla el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, que aprueba medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Las autoridades u órganos competentes son, en primer lugar, el Consejo de Gobierno, a quien corresponde aprobar los planes de emergencia exterior; a la Consejería de Industria, a través de la Dirección General que ostente las competencias en materia de seguridad industrial; a la de Presidencia y Justicia, por sus competencias en materia de protección civil, y la de Medio Ambiente, en lo relativo a urbanismo y de medio ambiente.

DERRIBOS

En la reunión, el Consejo también aprobó la adopción de medidas con el fin de que la Administración dé una "solución adecuada" a las situaciones en las que existan actuaciones administrativas declaradas ilegales y que hagan necesario el derribo de edificaciones por resolución judicial o administrativa firme, tal y como informó ayer mismo el Ejecutivo regional.