El Partido Popular de Andalucía va a intentar incorporar al próximo Pleno del Parlamento, que tendrá lugar el 8 y 9 de mayo, las comparecencias de los consejeros de Justicia e Interior y Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Emilio Llera y Antonio Ávila respectivamente, para que den "explicaciones" por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos en el primer caso y por el caso Invercaria, en el segundo.

Así lo ha puesto de manifiesto en rueda de prensa el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Rojas, quien ha mostrado la "sorpresa" de su partido al escuchar este jueves las declaraciones De Llera sobre lo "sorprendente" de que la juez que instruye el caso, Mercedes Alaya, no haya imputado hasta el momento al exconsejero de Empleo José Antonio Viera.

Rojas ha exigido al consejero y a todos los miembros del Gobierno andaluz que "digan todo lo que tengan que decir sobre los ERE" en la Cámara autonómica y no en los medios de comunicación y, por ello, el PP-A va a intentar incorporar como pregunta de máxima actualidad su comparecencia en el próximo pleno.

Además, y tras criticar el "goteo de declaraciones" de los miembros del Gobierno sobre las responsabilidades políticas en este caso y que el PP-A eleva hasta el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, Rojas ha exigido saber "si todo el Consejo de Gobierno piensa lo mismo" que De Llera en este caso o que la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que hace unos días señaló también en una entrevista en Canal Sur Televisión a Viera y al exconsejero de Empleo Antonio Fernández como "responsables políticos".

También la comparecencia de ávila

El PP-A también pedirá la comparecencia, mediante la vía de pregunta de máxima actualidad, de Antonio Ávila en el próximo Pleno después de que el diario 'ABC' haya publicado este jueves que el presidente de Invercaria, Francisco Álvaro Julio, "admite ante el juez que carecía de norma para elegir sus inversiones".

Para Rojas, Ávila también debe dar "explicaciones" sobre este extremo porque, según ha argumentado, "confirma que no sólo en los ERE sino aquí tampoco hay control ninguno de las ayudas y el dinero se reparte a los exconsejeros de (Manuel) Chaves o a amigos o familiares del PSOE-A".