El Gobierno de Venezuela garantizó el martes al embajador de España en Caracas que no concederá la nacionalidad a cuatro etarras residentes en el país y que no indemnizará a otros dos miembros de la banda terrorista expulsados en 2002, según informaron fuentes diplomáticas.

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores explicó que el embajador, Raul Morodo, se entrevistó el martes con el ministro venezolano de Exteriores, Nicolás Maduro, quien le aseguró que las autoridades de su país "desautorizan" el contenido de los acuerdos de los que se han hecho eco informaciones periodísticas.

Según esas informaciones, cuatro etarras habrían obtenido el compromiso de obtener la nacionalidad venezolana para no poder ser extraditados a España y otros dos terroristas serían indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la justicia española en 2002.

El Gobierno español había solicitado "con carácter urgente" al Ejecutivo venezolano una explicación por la posible nacionalización de los dos etarras.

Reacciones

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se encontraba en Bruselas y afirmó que si se confirmaban las informaciones, "sería una decisión inaceptable para España".

Mientras, un portavoz de la Embajada venezolana en Madrid reconocía que había "preocupación" en el Gobierno de su país y en el español y aseguraba que se estaba trabajando "arduamente" por la vía diplomática para arreglar la situación "lo antes posible".

Por su parte, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó el estudio de las causas judiciales de los cuatro etarras para comprobar si no han prescrito y si hay posibilidades de pedir su extradición a España

El fiscal manifestó también que si se confirmara el pago de una indemnización a los otros dos etarras ya expulsados de Venezuela, se estudiará la responsabilidad civil que les fue impuesta en sentencia.

Frente a estas manifestaciones, el dirigente de Batasuna Joseba Alvarez opinó que las resoluciones "de los pueblos y de los estados deben ser soberanas", por lo que "a todo el mundo le corresponde respetar la decisión que tomen las autoridades venezolanas".

Etxaniz ha sido condenado a penas que superan los 185 años de prisión por su intervención en varios atentados durante los primeros años ochenta como miembro del "comando Vizcaya" de ETA, mientras que Galarza está en libertad después de haber cumplido una pena de seis años de prisión por colaboración con la organización.