Los desahucios, "abusos" de la banca y la situación de los afectados por las participaciones preferentes han centrado la actividad del Valedor do Pobo en 2012, año en el que ha registrado la cifra récord de 2.782 quejas, lo que supone 14 más que en 2011 y 386 más que en 2010.

Además, en este ejercicio ha realizado un total de 6.786 actuaciones de atención al ciudadano, una suma que se ha hecho por primera vez, contando todas las gestiones realizadas por la defensoría gallega, incluyendo expedientes, visitas y consultas telefónicas. La queja "gana peso" en el conjunto de las acciones desarrolladas, siendo 36, el doble que el año anterior, las promovidas de oficio por el Valedor do Pobo.

En cuanto a las quejas de oficio, el Valedor intervino en cuestiones relacionadas con el ruido, el empleo de las tecnologías, la protección de los menores y con el medio ambiente. Pero especialmente, la defensoría gallega ha estado sensibilizada con los ciudadanos que adquirieron productos financieros tóxicos y con los que están viviendo "con desesperación como fueron privados de su vivienda habitual después de no poder hacer frente a las deudas hipotecarias".

Así, en la presentación del informe de actividad presentado este viernes, que previamente entregó a la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, el valedor en funciones, José Julio Fernández, ha centrado su exposición en la problemática de los desahucios y explicado que formalmente se presentaron 17 quejas por este motivo, aunque una de ellas permitió abrir una a un conjunto de ciudadanos.

Con todo, llegaron a resolverse sobre unas 20 peticiones en esta área el pasado año, mientras que en 2013 ya se han registrado un total de 32 quejas, lo que José Julio Fernández ha calificado de "mala" noticia. Para él, estos datos también revelan que la problemática sigue creciendo y que faltan por resolver cuestiones.

En este sentido, y también a preguntas de los periodistas, el valedor do Pobo ha defendido la dación en pago como fórmula para saldar la deuda, como una fórmula "útil y justa", pero sí ha advertido de que el carácter retroactivo "puede ser muy agresivo con la seguridad jurídica". Con todo, ha defendido llevar a cabo las reformas legislativas precisas que permitan suprimir las "cláusulas abusivas".

Durante el análisis de esta problemática, consideró que se "sobrevaloraron las capacidades de endeudamiento de los compradores de vivienda" por parte de las "propias entidades bancarias, que actuaron imprudentemente en la concesión de créditos hipotecarios".

Actuaciones en asunto de desahucios

En este contexto, el Valedor inició una primera fase de recogida de datos con las entidades implicadas (como Stop Desahucios o Cáritas), y siguió con otras etapas que consistieron en comprobar los servicios sociales autonómicos y locales, mediación y "presión" con las entidades bancarias para que "flexibilizasen" y "reconsiderasen" sus posturas y coordinación con el Consello da Avogacía Galega. También actuó ante el Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente.

A este respecto, José Julio Fernández ha reivindicado que la labor realizada fue "sin duda, eficaz", y ha resaltado que "en decenas de casos se consiguió ayudar verdaderamente a los afectados". En la actualidad la institución mantiene el teléfono 981.571900 para asistir a los afectados por ejecuciones hipotecarias.

Sin embargo, frente al buen resultado global, ha reconocido que "entidades bancarias" tuvieron "reticencias" iniciales, que fueron "desapareciendo" a lo largo de las semanas. "Tenemos que subrayar también la existencia de algunos problemas a la hora de contactar con los responsables de algunas entidades bancarias. Esta resistencia debe ser criticada de forma contundente por este comisionado de derechos humanos, que exige a las entidades bancarias, privilegiadas en este momento de crisis, una actitud de mayor respeto social y sensibilidad por los problemas que afectan a la ciudadanía", dice el informe del Valedor, recogido por Europa Press.

De hecho, abunda en que los "errores y vicios del pasado" de la banca repercutieron "negativamente en muchas familias", por lo que es "inadmisible una posible falta de colaboración en este tema" de los problemas relacionados con el pago de la vivienda. El valedor asegura en su informe que el uso de esta argumentación sirvió para "mejorar" la colaboración con el lpaso del tiempo.

Líneas después, el alto comisionado señala que tres entidades facilitaron los datos concretos (Banco Popular, BBVA y Caixabank), en particular de índole económica y judicial, sobre cada uno de los casos que llegaron a la oficina del Valedor. Otra entidad acudió a las propias dependencias facilitando los datos, pero "la mayoría de ellos de carácter general".

Por otro lado, según recoge el informe, quedó "pendiente para una fecha posterior la aportación de información más concreta" sobre casos recogidos en la defensoría gallega y relativo a las entidades Banco Santander y Novagalicia Banco.

Productos tóxicos

En cuanto a los productos tóxicos, el Valedor do Pobo inició una queja de oficio, tras lo que se recibió un "elevado número de reclamaciones individuales". "Se trata de un asunto de relevante repercusión social, que viene acompañado de la sensación sociológica de un exceso de protección de la banca y un déficit de protección del consumidor, en la mayoría de los casos engañando en la adquisición de tales productos", ha expuesto.

También en este capítulo, el valedor ha puesto el acento que "la actuación en su momento" de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y del Ministerio de Economía "fue nefasta para proteger a la ciudadanía de los abusos de las entidades financieras".

La crisis,

Detrás de las situaciones

El Valedor explica que la crisis ha estado detrás de muchas de las situaciones que los gallegos denunciaron ante el alto comisionado, y de nuevo, son las áreas de servicios sociales, con 253, la que mayor número de quejas aglutina. El total representa el 12,66 por ciento de las registradas.

En 2012, señala el informe, se produjo un aumento de las solicitudes de ayudas sociales, en concreto, un aumento de las peticiones de rentas de integración social (Risga), o de las ayudas de emergencias social. A este respecto, se investigaron "retrasos" en la concesión de las ayudas de la Dependencia y déficits de plazas.

Por otro lado, y aunque directamente no forma parte de sus competencias, el Valedor do Pobo también atendió a la cuestión de las tasas judiciales, al respecto de lo que se remitió a su homólogo estatal. "Se analizó este tema porque si incurre en la desproporcionalidad, afectaría a la tutela judicial efectiva", ha explicado.

Asimismo, el Valedor tramitó 67 quejas en el área de Cultura y Lingüística, 20 en sociedad de la información; 27, en menores; 842 en corporaciones locales, servicios municipales y protección civil; 55, en obras públicas y expropiaciones; 252, en administración económica y transportes; 94, en justicia; 128, en sanidad; 78, en emigración y trabajo; 32, en agricultura, ganadería y pesca; 144, en educación; 233, en medio ambiente; 216, en empleo público e interior; y 89 en industria, comercio y turismo.