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Greenpeace avisa de la "descoordinación" de las administraciones en el cierre de la central

Greenpeace ha denunciado este viernes la "descoordinación" de las administraciones en el cierre de la central nuclear de Garoña, pidiendo al tiempo que se organice su desmantelamiento y se mantenga el "máximo control" sobre su seguridad.

Greenpeace ha denunciado este viernes la "descoordinación" de las administraciones en el cierre de la central nuclear de Garoña, pidiendo al tiempo que se organice su desmantelamiento y se mantenga el "máximo control" sobre su seguridad.

Así, por un lado resalta que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) está revisando una nueva autorización de vertido para Garoña, lo que "demuestra que o no ha tenido en cuenta o no ha sido informada del proceso de cierre de la instalación".

En esta revisión la CHE reclama la instalación de torres de refrigeración o que se reduzca la producción de energía y hace diez días Greenpeace presentó sus alegaciones sobre esta revisión de la CHE y las afecciones al río Ebro.

Por otro lado, alerta de una descoordinación entre el Ministerio de Industria, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) y el Ministerio de Medio Ambiente, ya que el ministerio está realizando consultas públicas sobre la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto de Almacén Temporal Individualizado de Garoña (ATI).

Greenpeace denuncia que esto supone que el proyecto del ATC en Villar de Cañas (Cuenca) debería ser revisado y modificado, por lo que presentará en los próximos días alegaciones a este proyecto, que no ha sido considerado tampoco en la revisión de la autorización de vertido de la CHE.

"Han pasado 27 años desde que el accidente de Chernóbil destruyó la vida de millones de personas al oeste de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, y han pasado dos desde que la tragedia se repitiera en Fukushima (Japón). Durante todo este tiempo las personas continúan pagando y sufriendo los errores de la industria nuclear", ha apuntado.

En este sentido, la organización considera que el Gobierno de España "todavía no ha aprendido esta lección sobre la inseguridad nuclear, ni sobre la insostenibilidad económica de las viejas instalaciones atómicas, como el caso de Garoña".

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