La Diputación de Valladolid ha aprobado este viernes con los votos del Grupo Provincial Popular una proposición por la que se solicitará al Gobierno de España que mantenga su compromiso de conservar operativas todas las líneas de ferrocarril que funcionan actualmente en Castilla y León.

Los miembros del PP han sacado adelante sin apoyo esta propuesta, a pesar de que los socialistas pretendían abordar en el Pleno el mismo tema bajo el título "Contra la supresión de servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia en la provincia de Valladolid".

En opinión del Grupo Provincial Socialista, su apuesta era "más comprometida" que la del PP, centrado en "asegurar las líneas por encima de los servicios". Así, han justificado su rechazo a la medida expuesta por la diputada Laura Fernández Peña.

En este sentido, el diputado de IU Salvador Arpa se ha sumado a la negativa del PSOE y ha calificado la "actual despreocupación" por el sector ferroviario de "muerte anunciada".

"A lo mejor lo que pretende el Gobierno es que los usuarios de trenes de cercanías en la Comunidad se pasen al transporte por carretera. De esta forma, apuntan ya por dónde pueden ir los tiros en un futuro: implantar numerosos peajes en autovías para recaudar dinero", ha vaticinado Arpa antes de sugerir el diseño de nuevos planes que aprovechen las vías existentes y, "si es necesario", innoven con proyectos como compatibilizar el transporte de viajeros y el de mercancías para hacer "más rentable" el servicio.

Fernández ha escuchado estas críticas para recordar, finalmente, que aunque el Grupo Provincial Popular insiste ahora en mantener operativas las líneas de ferrocarril, también "comprende" que esto no puede hacerse a cualquier precio. "De hecho, cada vez que uno de esos trenes hace una parada en un municipio ésta supone un coste de 300 euros", ha matizado la diputada popular desde la "prudencia" de quien insiste en que "está claro que hay un deber de racionalizar el uso de recursos a nivel social, económico y medioambiental".

El PP, por lo tanto, apoya la propuesta —aprobada por 17 votos a favor y con diez en contra— "simplemente" para pedir a la ministra de Fomento, Ana Pastor, que no olvide su promesa de mantener todas las líneas y busque asegurar la permanencia del servicio en territorio castellanoleonés.

Consenso en temas de desarrollo rural

Por otra parte, el consenso ha llegado al Pleno ante la petición de PP y PSOE de solicitar a la Junta que mantenga tanto las actuales unidades de desarrollo agrario como las unidades veterinarias de la provincia vallisoletana.

Aunque en este contexto los grupos han planteado sus propuestas por separado, finalmente han concluido que ambas eran prácticamente idénticas, por lo que se han aprobado por unanimidad y sin debate.

De este modo, populares y socialistas han coincidido a la hora de subrayar la "gran importancia" que esta medida tiene para agricultores y ganaderos, ya que les permite realizar diversas gestiones administrativas como libros de explotación ganadera, guías de traslados de animales, saneamiento ganadero, solicitudes de ayudas PAC, o tramitación de ayudas agroambientales.

La Diputación Provincial en conjunto se ha mostrado así "consciente" del número de profesionales vinculados a un sector "clave y estratégico" para el mantenimiento de los pueblos, su desarrollo, su presente y su futuro.

Atención a mayores

En un sentido diferente pero también en un clima de acuerdo, el PSOE ha presentado una proposición para que la Institución provincial defienda la reposición de los servicios de Asesoramiento Jurídico y Psicológico para personas mayores, así como el Programa Regional de Envejecimiento Activo (PREA).

Según han explicado en este punto los socialistas, la Junta dejó en 2012 de prestar los mencionados servicios de asesoramiento, mientras que el PREA quedó "reducido a la mínima expresión como consecuencia de los recortes que el Ejecutivo autonómico aplicó a las políticas sociales".

Así, aunque en 2011 el presupuesto del PREA para la provincia de Valladolid era de 199.473,76 euros, en 2012 quedó reducido en un 85,67 por ciento en una Comunidad con 550.000 personas de más de 65 años, de las que 198.000 superan los 80 años.

"Con este panorama y tanto recorte, se contribuye a convertir el medio rural en un verdadero desierto", ha asegurado la socialista Marta Olmedo, para minutos después acusar a sus compañeros del PP de "tener tendencia a empatizar con la Junta" cuando ésta recurre a la "falta de dinero" para justificar la supresión de algunos servicios. "Ya está bien de que la Diputación tape las vergüenzas de la Junta", ha insistido Olmedo.

A pesar de la crítica, los diputados populares han aceptado la proposición del PSOE a cambio de hacer algunas modificaciones en su redacción.

Así, el título final de la propuesta ha sido el de "Instar a la Junta de Castilla y León para que reponga el servicio de Asesoramiento Jurídico y Psicológico para personas mayores y el Programa Regional de Envejecimiento Activo (PREA) dotándoles con un presupuesto suficiente que garantice el cumplimiento de sus objetivos", a pesar de que la intención inicial de los socialistas era hacer hincapié en que dicho presupuesto fuera equivalente al del año 2011.

Desacuerdo ante el "drama" del desahucio

Por otra parte, los grupos provinciales no se han puesto de acuerdo ante la sugerencia del portavoz socialista, Juan José Zancada, de solicitar al Gobierno y a la Junta a elaborar una normativa básica que "contemple la función social de la vivienda y proteja a los ciudadanos" a imagen de la Junta de Andalucía.

"En los casos de desahucio, o se está al lado de las entidades financieras o al lado de las familias con necesidades", ha asegurado Zancada, respaldado por Arpa.

El portavoz del PSOE en la Diputación ha recordado además que este mes el gobierno andaluz ha aprobado el decreto-Ley 6/2013 de medidas para asegurar el cumplimiento de la citada Función Social de la Vivienda. "Esta medida promueve la intervención en el mercado inmobiliario en aras de proteger a los ciudadanos", ha interpretado antes de añadir que la Junta de Castilla y León debe "tomar ejemplo".

Sancionar económicamente a aquellas personas jurídicas que tengan viviendas vacías, prohibir los desahucios durante al menos tres años y apostar por el alquiler frente a la burbuja inmobiliaria son los tres aspectos a los que los miembros del PSOE en la Diputación han pedido sin éxito que se prestase atención.

Ayudas a víctimas de inundaciones

Finalmente, las cerca de tres horas de Pleno han concluido con el ruego de Zancada Polo para habilitar desde la Diputación una línea de ayudas económicas dirigidas a aquellas familias que han sufrido daños en su vivienda como consecuencia de las inundaciones por desbordamiento de ríos.

De esta manera, se podría "echar una mano" a los vecinos de Viana de Cega, Mojados y Tudela de Duero, que hace un mes vieron como el agua les arrebataba parte de sus pertenencias.

"Lo tendremos en cuenta", ha zanjado el presidente de la institución provincial, Jesús Julio Carnero, para dar por concluida la sesión.