El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos de PSOE-A e IULV-CA, una proposición no de ley presentada por el PP-A en el que se pedía que la Cámara solicitase a los ayuntamientos y diputaciones que aporten, a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), cuantas medidas consideren oportunas para mejorar la futura Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que prepara el Gobierno de la Nación.

De igual modo, la Cámara ha rechazado dirigirse al conjunto de las fuerzas políticas andaluzas para que participen en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de reforma local, con todas aquellas aportaciones que desde sus planteamientos políticos consideren oportunas para la conformación de un texto definitivo que sea el mejor de los posibles para la reforma de la Administración local.

En defensa de la iniciativa, la diputada 'popular' Carolina González Vigo ha asegurado que su partido tiene un objetivo prioritario con esta reforma que es la defensa de los servicios públicos para todos los ciudadanos "vivan donde vivan", mientras que el Gobierno andaluz y los partidos que lo conforman buscan únicamente "la confrontación". Asimismo, ha negado rotundamente que dicha normativa promueva la privatización de los servicios.

El Pleno del Parlamento ha rechazado el apoyo que el PP-A demandaba para esta reforma que, según los 'populares', "adapta la legislación vigente a las nuevas necesidades de los gobiernos locales del siglo XXI, define claramente cuáles son las competencias municipales y su marco de financiación y evita que se produzcan duplicidades y conflictos con otras administraciones".

González Vigo ha afirmado que la reforma de la Administración local diseñada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy nace de la "urgente necesidad" de mejorar la gestión de consistorios andaluces en estos momentos de crisis económica en la que es "muy difícil mantener la estructura local tal y como se había concebido en momentos de bonanza".

"La eficacia, la transparencia, el ahorro, la calidad y la sostenibilidad de los servicios, la evaluación del funcionamiento de los ayuntamientos, la eficiencia en el gasto y en la gestión municipal son, entre otros, algunos de los objetivos que persigue la reforma local del Gobierno de la Nación", ha indicado la diputada.

PSOE-A:

Menos poder y competencias para los ayuntamientos

Por su parte, el diputado socialista Manuel Jiménez Barrios ha recordado que la comisión de Administración Local ya acordó pedir la retirada de este proyecto, aunque ha indicado que no está de más seguir debatiendo sobre este proyecto de reforma, "que empezó con la mal pie, pidiendo la reducción del número de concejales, asesores y retribuciones".

Jiménez Barrios, que ha considerado que lo que pretende el PP con esta reforma es "quitarle poder y competencia" a los ayuntamientos en los que no gobiernan con una "sutil penetración" en el mundo local, ha lamentado que el Gobierno no se siente con las comunidades autónomas para debatir sobre este asunto y oír las propuestas que éstas tienen que aportar al respecto.

IULV-CA:

Una reforma "contra los intereses" de los ayuntamientos

Finalmente, el diputado de IULV-CA Juan Serrano ha indicado que la reforma local que pretende llevar a cabo el Gobierno busca eliminar la política en el ámbito municipal y se centra en un discurso "populista" sobre las retribuciones en las corporaciones, "cuando el 80 por ciento de los concejales no cobran". En su opinión, la derecha también pretende convertir las diputaciones en "comisarios políticos".

Serrano ha apuntado que el gobierno del PP reforma "contra los intereses" de los ayuntamientos, que dejarán de ser instituciones "autónomas" pasando a convertirse en "meros gestores de lo que otros dicten". "La reforma del Gobierno traerá más marginación y sufrimiento a los ayuntamientos, que son las administraciones que menos deuda tienen", ha concluido el parlamentario de IULV-CA.