El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Granada, del PP, elevará una moción al próximo pleno para solicitar a la Junta la activación de 2.161 expedientes de la Ley de Dependencia que en la actualidad están "paralizados" y el abono de más de cinco millones de euros pendientes de pago por distintos conceptos relacionados con el servicio.

Asimismo, los populares reclaman al Gobierno andaluz que informe a los afectados sobre el estado de tramitación de sus expedientes, según ha informado el concejal de Familia y Bienestar Social, Fernando Egea.

El texto de la moción acusa concretamente a la Delegación de Salud y Bienestar de la Junta en Granada de "prácticamente no haber realizado ninguna valoración durante 2012".

Así, el documento precisa que en 2012 se remitieron a la Junta 1.475 solicitudes, de las que sólo se han resuelto 133, quedando pendientes 1.342, lo que supone que "no se han valorado ni el 9 por ciento de las presentadas cuando la normativa marca una demora máxima de tres meses".

El PP asegura que se están produciendo "idénticos retrasos y paralizaciones" en los denominados PIAS, que son los programas individuales de atención a cada usuario, unos informes que realiza el Ayuntamiento y que la Junta debe aprobar para que el ciudadano pueda acceder a la ayuda, según sostiene el Ayuntamiento granadino.

En este apartado, en el año 2012 se remitieron a la Junta 937 propuestas PIA, de las cuales "no se han aprobado 468, además de los que quedan sin resolver de años anteriores", a pesar de que, según los datos que baraja la Concejalía de Bienestar Social, la norma fija un máximo de 30 días para resolverlos.

Un tercer apartado de la moción se refiere a las revisiones, las cuales se solicitan "en muchos casos por haber empeorado el estado de salud del afectado", de modo que el usuario "necesita esta valoración para obtener más prestaciones".

Según ha informado Egea, "en todos estos casos, dada la situación de riesgo en que se encuentran, las personas están siendo atendidas a través de recursos municipales como el Servicio de Ayuda a Domicilio y el de Comida a Domicilio.

Ayuda familiar

Por otra parte, el grupo municipal del PP someterá el próximo viernes al pleno otra moción para pedir a la Junta de Andalucía que incremente en un 50 por ciento su aportación en concepto de ayudas económicas familiares, las cuales se destinan a atender emergencias sociales y a prevenir situaciones de riesgo de menores y sus familias.

El edil de Familia y Bienestar Social ha asegurado que en el último año estas ayudas, que se gestionaban en el marco de un convenio entre el Ayuntamiento y la Junta, han sido solicitadas por un 30 por ciento más de personas.

Según ha mantenido Egea, el 8 de marzo de este año la Junta de Andalucía ha comunicado que disminuye su aportación en 10.960,53 euros, siendo de 65.000 euros la inversión global de la Administración autonómica por este concepto frente a los 450.000 euros que en este ejercicio le ha destinado el Consistorio granadino.