El PSIB-PSOE considera que los delitos por corrupción política con sentencia firme no se deberían poder indultar, una propuesta que ha sido defendida por la diputada socialista, Pilar Costa, en una Proposición No de Ley en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament, y que no ha contado con el visto bueno del PP.

"La ciudadanía no puede tener la sensación de que los mismos responsables políticos acaban perdonando a los compañeros que han tenido responsabilidades políticas y han sido condenados", ha argumentado Costa, quien ha apuntado que la Ley del Indulto -de 1870- ha quedado "más que anticuada" por lo que su reforma es "imprescindible" para que se tengan en cuenta también "las circunstancias de la realidad actual, dónde son frecuentes los juicios y denuncias por corrupción política".

"Cuando la corrupción política está golpeando duramente esta comunidad autónoma, no podemos permitir que se indulten los delitos condenados en sentencia firme. La corrupción no puede quedar impune", ha argumentado.

Con todo, los socialistas consideran que "a todos los efectos" no se deberán poder indultar las condenas por corrupción, una postura que ha obtenido el apoyo del grupo parlamentario MÉS, pero no el del PP, que "no ha estimado adecuado darle el voto favorable" y que, por lo tanto, ha impedido que la iniciativa se aprobara.

Un registro civil público y gratuito

Por otra parte, la diputada del PSIB ha defendido otra iniciativa para que el Parlament inste el Ministerio de Justicia "a retirar la reforma de los Registros Civiles que, en la práctica, supone la privatización de un servicio que hasta ahora ha sido público y gratuito".

Costa ha explicado que, con la modificación de la ley que propone el PP en las Cortes Generales, el registro quedará en manos de los registradores de la propiedad "que cobran por sus servicios a la ciudadanía". Por lo tanto, un servicio que hasta ahora era público y gratuito, como la emisión de certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, dejará de serlo, ha advertido en su intervención en la Comisión.

"Esta es una nueva tasa judicial, tras las que ya introdujo el PP hace unos meses. La Justicia y ahora la gestión o emisión de estos documentos, dejarán de ser gratuitos", ha argumentado la diputada del PSIB, quien ha recordado que "los únicos que se beneficiarán de esta privatización son los registradores de la propiedad", puesto que tanto los jueces, como los funcionarios y por supuesto los usuarios, están en contra.

Costa ha añadido que "todavía es más escandalosa esta privatización" porque el Gobierno de España invirtió 130 millones de euros la legislatura pasada en la modernización e informatización de todo el sistema del Registro Civil. "Ahora que la tarea ya está hecha, con el dinero de todos, el PP le regala la aplicación y todo el negocio a los registradores de la propiedad", ha apuntado. "Es decir: más negocio para los registradores de la propiedad y más tasas para la ciudadanía", ha esgrimido al respecto.

Se calcula que los registradores de la propiedad podrían ganar unos 180 millones de euros más al año por estas nuevas tasas y aranceles registrales que pagarán los ciudadanos españoles, si se llega a aprobar la ley.

La PNL socialista tampoco ha podido salir adelante por la oposición del PP.