Condenan a la exgerente de Mercasantander a más de cuatro años y cuatro meses de cárcel

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a la exgerente de MercaSantander, Paloma González, a cuatro años y cuatro meses de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida agravado y un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de estafa.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ha condenado a la exgerente de MercaSantander, Paloma González, a cuatro años y cuatro meses de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida agravado y un delito continuado de falsedad en documento mercantil en concurso ideal con un delito de estafa.

La Audiencia, que en su fallo admite como atenuantes la ludopatía y la reparación del daño, condena a la exgerente a indemnizar a Mercasantander en la suma de 839.435 euros y al BBVA con 346.626 euros, además de una multa de 1.920 euros y las costas procesales, incluidas las causadas a las acusaciones particulares.

La Audiencia absuelve a su marido, Andrés Fernández del Cotero, acusado por Mercasantander como responsable civil a título lucrativo, y absuelve igualmente a Mercasantander de las peticiones que formuló en su contra el BBVA como responsable civil subsidiario y a título lucrativo.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se ha notificado este lunes a las partes. En el juicio, que se prolongó durante prácticamente todo el mes de febrero, la Fiscalía solicitaba ocho años de prisión, 9.000 euros de multa y el pago de una indemnización de 840.000 euros a Mercasantander y de 346.000 euros a la entidad BBVA.

La exgerente acumuló una deuda con Mercasantander de 840.000 euros entre los años 2002 y 2007, a través de ingresos procedentes de las cuentas de la empresa pública que la acusada realizaba en cuentas propias con la finalidad de utilizarlas en el juego.

Para "camuflar" la deuda y no ser descubierta, realizó en unos casos operaciones para las que no estaba facultada por la sociedad, como la suscripción de pólizas de crédito personal, y en otros casos operaciones "inveraces" como una supuesta fianza de terrenos o supuestos pagos de dividendos al Ayuntamiento.

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