Las solicitudes de Justicia Gratuita crecieron un 10 por ciento en Castilla y León durante 2012

Las solicitudes de Justicia Gratuita crecieron un 10 por ciento en Castilla y León durante 2012

Sólo los Colegios de Abogados de Valladolid y Segovia registraron un descenso de peticiones de abogados de oficio

La tendencia de crecimiento del número de solicitudes de Justicia Gratuita, es decir, el número de peticiones para ser atendido por un abogado de oficio registrados en los Colegios de Abogados de las nueve provincias, siguió su curso de años anteriores en Castilla y León durante 2012, si bien los datos varían en función de las provincias, que se comportan de forma muy desigual.

En concreto, el número de expedientes tramitados en las nueve provincias de la Comunidad Autónoma sumó un total de 39.209 en 2012, un 10% más que en 2011, ejercicio en el que se registraron 35.531 solicitudes, según informaron fuentes del Consejo Regional de la Abogacía.

Sólo en los Colegios de Abogados de Valladolid y Segovia se registra un descenso de peticiones, en ambos casos, algo superior al 6%, mientras que en el resto, se mantiene la tendencia del crecimiento.

Entre los porcentajes de incremento más llamativos destaca el Colegio de Abogados de Burgos, que encabeza el ranking con un 45% más que el año anterior, y que ha registrado ya, sólo en el primer trimestre de este año (2013), otras 1.320 peticiones.

Siguen a Burgos el Colegio de Abogados de Zamora, en el que el número de solicitudes creció más de un 30%, pasando de las 2.172 de 2011 a las 2.833 de 2012; Palencia (un 16% más, con 2.328 frente a las 2.002 del año anterior) y Salamanca (un 15% más, con 6.829 solicitudes), mientras que es muy poco significativo el incremento en otras provincias como Soria (0,8%) o León (2%).

La crisis económica es, a juicio de los responsables de los turnos de oficio de la región, el motivo fundamental de que en algunas provincias el número de solicitudes haya llegado incluso a duplicarse en los últimos años, puesto que ha crecido el número de ciudadanos que no disponen de recursos para poder contratar los servicios de un letrado.

Según los datos del último informe del Observatorio de Justicia Gratuita que publica anualmente el Consejo General de la Abogacía Española, (CGAE), a fecha 1 de enero de 2012, casi el 40% de los abogados ejercientes en la Comunidad Autónoma formaban parte de los distintos turnos de oficio.

Así, de los 4.844 letrados que formaban el censo de las nueve provincias, un total de 1.842 ejercían como abogados de oficio, 1.661 de ellos adscritos al servicio de Asistencia Letrada al Detenido y 491 adscritos a Servicios de Orientación Jurídica.

Por jurisdicción, 1.548 forman parte del turno de oficio penal, 1.647 ejercen en los asuntos de jurisdicción civil, 876 en la jurisdicción contencioso-administrativa, 817 se ocupan de asuntos sociales y sólo 451 atienden en la jurisdicción militar.

Según los datos de este último informe del Observatorio, del total de población en el ámbito de influencia de Castilla y León, 2.558.890 personas, el turno de oficio atendió a 75.181, un 2,94% del total.

El importe de los gastos de infraestructura para sostener el Servicio de Justicia Gratuita en Castilla y León, que es un buen reflejo del incremento de la demanda, ha evolucionado de forma importante en los últimos años, pasando de los 5,5 millones de 2007 a los 7,3 millones de 2011, alcanzando su pico máximo en 2010, año en que los costes del Servicio se situaron en 8,3 millones de euros, un 18% más que el ejercicio anterior.

El coste del turno de oficio y el servicio de asistencia a víctimas de violencia de género creció, asimismo, de 3,4 millones de euros en 2007 a casi 5 millones en 2011, mientras que se mantuvieron estables los gastos del servicio de asistencia a detenidos, en torno a 1,4 millones.

Derecho a la justicia gratuita

Es la propia Constitución española de 1978, en su artículo 24, la que consagra como fundamental el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, de modo, que, para asegurarse el acceso de todas las personas a la justicia en condiciones de igualdad y eliminar la discriminación que ocasionaría la falta de recursos, reconoce expresamente, en su artículo 119 que "la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".

La ley que desarrolla este derecho es la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que señala como sujetos del derecho a los ciudadanos nacionales o extranjeros con residencia legal en España y los extranjeros sin residencia legal en España que acrediten insuficiencia de recursos en el proceso penal y en los procesos relativos a la solicitud de asilo, así como en los procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, devolución o expulsión del territorio español.

Los requisitos para ser beneficiario de la Justicia Gratuita son básicamente económicos, es decir, que la renta familiar anual no supere el doble del Salario Mínimo Interprofesional.

Excepcionalmente, atendidas las cargas familiares, estado de salud y otras circunstancias del solicitante, el juez podrá conceder el beneficio a quienes posean ingresos que superen el doble del salario mínimo, pero siempre que no alcancen el cuádruplo. Cada solicitud se estudia antes de conceder la gratuidad de la prestación del servicio, aunque el porcentaje de casos en los que se concede el beneficio es muy superior al número que se rechaza.

La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en la que trabaja el Ministerio propone incrementar el número de potenciales beneficiarios, elevando el umbral de ingresos, que pasará de 2 veces el Salario Mínimo Interprofesional a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), aunque esto eleva el montante total de ingresos de forma discreta, desde los 14.910 euros anuales a los 15.975.

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