La defensa del exalcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, que este martes fue enviado a prisión tras ser condenado por blanqueo continuado y cohecho a siete años de cárcel, recurre el auto dictado por la Sala en el que se acordó la prisión provisional y solicita su puesta en libertad, al considerar que no existe riesgo de fuga que justifique esta "tan gravosa medida".

En un escrito, dirigido a la Sección Segunda de la Audiencia, que acordó la medida, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado considera que la Fiscalía Anticorrupción, que pidió esta medida, no ha aportado pruebas para concretar alguna acción al respecto, recordando que ni esta acusación ni la particular "tuvieron necesidad de pedir con anterioridad la prisión provisional".

Esto, según la representación del exregidor, "es un factor que la Sala debería ponderar como indicio claro de ausencia o minusvaloración del riesgo de fuga", añadiendo que el Tribunal debe analizar si esta prisión provisional es "en el momento actual necesaria para garantizar que no eludirá la acción de la justicia y si su mantenimiento es proporcionado".

Para el letrado, "quiebra" el riesgo de fuga con el comportamiento de Muñoz ante la Administración de Justicia, ya que, apunta, ha asistido a todas las sesiones del juicio, y a los llamamientos judiciales que ha tenido, ha comparecido ante el juzgado instructor y ha solicitado permiso para salir del país, tras lo que comparecía ante la Sala.

Además, otro de los argumentos del abogado es que su cliente ya tenía medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, con prohibición de salida del territorio nacional; una fianza de 50.000 euros y la obligación de comparecer los 1 y 15 de cada mes. Así, insta a que se acuerde la libertad provisional manteniendo estas medidas adoptadas en su momento.

Asimismo, su letrado apunta que el exalcalde marbellí tiene arraigo familiar e insiste en que el principio de presunción de inocencia "sigue vigente a falta de sentencia firme". De hecho, su defensa ya anunció este martes, tras conocerse la sentencia, su intención de recurrir en los próximo días la resolución dictada por la Audiencia malagueña.

La Sala acordó la prisión provisional durante un límite máximo de tres años y medio, tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción y el Ayuntamiento de Marbella, como acusación particular; a lo que se opuso la defensa. El Tribunal consideró en su resolución que el riesgo de fuga era mayor "que en fases anteriores de este procedimiento, habida cuenta de que hay sentencia condenatoria".