El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón ha registrado una proposición de ley con la que pretende que la Diputación General de Aragón (DGA) asuma durante un plazo máximo de siete años el coste de la hipoteca de las viviendas de protección oficial, cuyos propietarios no puedan pagarlas para evitar más desahucios. Los titulares de algunas viviendas libres podrían verse beneficiados.

En rueda de prensa, el presidente de este Grupo, Javier Lambán, ha dado a conocer esta iniciativa legislativa, impulsada por el exconsejero de Vivienda del Gobierno de Aragón y actual diputado socialista, Javier Velasco, con la que los socialistas pretenden proteger a un colectivo numeroso de ciudadanos que podrían verse afectados por desahucios, muchos de ellos jóvenes.

Los beneficiarios de esta ley cederían temporalmente su vivienda a la DGA, a la que pagarían un alquiler mensual equivalente como máximo al tres por ciento del coste de la hipoteca pendiente durante un año. Por ejemplo, un propietario que tuviera que pendientes de pagar 70.000 euros abonaría 176 euros mensuales. Si se aplicara esta medida a 800 viviendas el coste para la Administración autónoma sería de 3.300.000 euros, ha apuntado Lambán.

Se trata de "asegurar que los compradores de VPO no van a ser desahuciados, que una vez producida esta situación van a poder seguir en su vivienda, sin moverse, pagando un alquiler módico, y en cualquier momento poder recuperar su vivienda con la misma deuda que tenían cuando la hipoteca les fue levantada por el Gobierno de Aragón".

Javier Lambán ha recordado que la actual Ley de medidas urgentes en materia de vivienda protegida concede a la Comunidad Autónoma el derecho de adquisición preferente, de tal forma que, de aprobarse la iniciativa del PSOE, pasaría a hacerse cargo de la hipoteca al ser el nuevo titular. En cualquier momento, en un plazo máximo de siete años, el propietario podría volver a pagar el resto de la hipoteca y recuperar así la propiedad.

Las entidades financieras podrían solicitar anticipadamente la aplicación de esta ley acreditando tres impagos de cuotas y el riesgo de exclusión social en caso de ejecutarse la hipoteca.

Riesgo de exclusión

La proposición de ley establece que se considerará que los deudores hipotecarios están en riesgo de exclusión social si el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no supera tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), si en los cuatro años anteriores han sufrido una "alteración significativa de sus circunstancias económicas", de tal forma que el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado 1,5 veces.

También tendrán esta consideración aquellos cuya cuota hipotecaria resulte superior al 50 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar y, asimismo, cuando el conjunto de la unidad familiar carezca de medios para hacer frente a la deuda, o si el préstamo o crédito recae sobre la única vivienda en propiedad del deudor.

La Administración autonómica podrá firmar convenios con entidades financieras para favorecer la conciliación y el arbitraje en relación con los préstamos hipotecarios.

El presidente del Grupo Socialista ha indicado que en Aragón se promovieron 32.000 viviendas de protección oficial durante los últimos años, lo que significa que "la gran mayoría" de los posibles beneficiarios de esta ley forman parte de este colectivo.

Lambán ha resaltado que también se podrían ver beneficiados los propietarios de viviendas libres que tuvieran pendiente de pago como máximo el coste de una VPO.

Esta proposición de ley "viene a continuar el sentido social de la política de vivienda" del anterior Gobierno de Aragón, ha expresado Lambán, quien ha dejado claro que "las Administraciones, si quieren, siempre pueden intervenir en los procesos de dificultad a los que se ven sometidos los ciudadanos". La medida llega "en un momento en el que la solidaridad familiar, que hasta ahora ha podido sujetar la situación de las familias, se está a punto de agotar".

Esta es "una medida que protege a los más débiles", ha proseguido Javier Lambán, quien ha puesto de relieve el "daño psicológico" que los desahucios causan a las familias.