El juicio que tenía previsto acoger este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en su sala de Málaga por el conflicto colectivo presentado por la sección sindical de los trabajadores de UGT-A contra el sindicato, a raíz del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se ha aplazado, finalmente, hasta el próximo 15 de mayo.

Un ERE promovido en enero de 2013 y que afecta a 159 trabajadores, contando los 29 de estructura del sindicato y los 130 vinculados al programa Orienta.

La sección sindical de UGT-A había presentado ante el TSJA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) y las audiencias provinciales las demandas de conflicto colectivo tanto por el ERE como por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), también en vigor.

Fuentes de la sección sindical de UGT-A, que han indicado a Europa Press que el juicio se ha suspendido por la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo entre las partes, presentaron ante el TSJA las demandas de conflicto colectivo, una por el ERE y otra por el ERTE, que incluyen un informe de auditoría externa sobre las cuentas del sindicato. Posteriormente, se ha entregado la demanda de conflicto colectivo por el ERTE en el Sercla, al ser algo necesario.

Asimismo, se han interpuesto demandas individuales por parte de trabajadores afectados por el ERTE en los diversos juzgados provinciales. En concreto, se han presentado 20 demandas en Sevilla; siete en Granada; cuatro en Málaga; tres en Almería; nueve en Córdoba; tres en Cádiz, y cinco en Huelva.

Las motivaciones que incluyen estas demandas versan especialmente sobre cuestiones económicas, toda vez que consideran que "existe un descuadre entre las cuentas que el sindicato nos ha presentado y los informes que nosotros tenemos", han apuntado las fuentes, y han añadido que ha existe "mala fe en la negociación de estos expedientes y a la hora de arbitrar los primeros despidos".

El ERE para los 130 trabajadores vinculados al programa Orienta puesto en marcha en colaboración con las administraciones públicas entró en vigor el pasado 9 de enero, mientras que el 12 de enero comenzó el que afecta a los 29 empleados de la estructura del sindicato.

Por su parte, fuentes de UGT-A señalaron a Europa Press que la central sindical "siempre ha mantenido una actitud de consenso y diálogo hacia los trabajadores, algo que tuvimos durante el proceso negociador con vistas a llegar a acuerdo".