Cinco dirigentes de la empresa francesa que fabricaba los implantes mamarios PIP, para los que supuestamente empleaban un gel industrial no autorizado, se enfrentarán desde este miércoles a un juicio que examinará 5.127 denuncias en Marsella.

Al frente de la acusación por estafa, blanqueo de dinero y fraude fiscal, entre otros cargos, estará Jean-Claude Mas, de 73 años, quien en 1991 creó la empresa Poly Implant Prothèse (PIP), que fabricaba esas prótesis y que llegó a facturar el 84% de sus ingresos fuera de Francia, esencialmente en Latinoamérica y otros países europeos.

Mas y sus cuatro colaboradores, acusados de ejecutar sus órdenes o de no impedir que se fabricasen los implantes en esa empresa ahora en quiebra, podrán ser condenados a una pena máxima de cinco años de prisión. No se espera que indemnicen a las víctimas, ya que se han declarado insolventes.

Los magistrados del Tribunal Correccional de Marsella, que celebrarán el juicio en los 4.800 metros cuadrados del palacio de congresos Parc Chanot de esa localidad mediterránea, deberán decidir si esa empresa fabricó entre 2001 y 2011 miles de prótesis que escapaban a la reglamentación.

Solo en Francia, la Agencia del Medicamento (Ansm) calcula que 30.000 mujeres llevan esos implantes, a quienes las autoridades galas han recomendado que se retiren las prótesis de manera preventiva dado el alto riesgo de rotura y unas 15.000 ya lo han hecho.

Se estima que otras 30.000 mujeres no francesas también se colocaron esos implantes de silicona en el pecho, sobre los que las autoridades sanitarias aún no han logrado establecer si elevan las posibilidades de sufrir un cáncer.

La causa, en la que se han personado unos 300 abogados y se han tramitado 220 denuncias de afectadas extranjeras de los 65 países en que se vendían los implantes PIP, tiene su origen en una investigación llevada a cabo en 2010 por la Agencia francesa de Productos Sanitarios (Afssaps).

Las autoridades habían sido alertadas por algunos cirujanos de la alta tasa de rotura de los implantes y, al examinar el caso, descubrieron que el gel utilizado por la empresa PIP no era el mismo que habían declarado emplear al empezar a comercializar su producto.

En sus declaraciones ante la gendarmería y ante la policía judicial en noviembre de 2010 y en octubre de 2011, Mas confesó que sabía que se utilizaba un gel no autorizado y señaló que las mujeres que le habían denunciado eran "personas frágiles que hacen todo esto por el dinero", según la declaración filtrada a los medios decomunicación franceses.

"Sabía que el gel no estaba homologado, pero lo hice conscientemente porque el gel PIP era menos caro y de mejor calidad", dijo.

Los expertos precisan que el coste del gel PIP era de 1,65 euros por implante, frente a los 11,55 euros de otros geles certificados, lo que supone un beneficio extra de un millón de euros por cada 100.000 implantes fabricados.

Está previsto que este primer juicio que se celebra en Marsella concluya el próximo 17 de mayo.

Pero quedan otros procesos pendientes, como el que instruye el Tribunal de Comercio de Toulon (sureste) contra la empresa alemana de control de calidad TÜV, que había validado los implantes y al que las víctimas reclaman 50 millones de euros.

Los implantes PIB ya habían sido objeto de procesos judiciales en Estados Unidos y Gran Bretaña desde inicios de los años 2000.