Pescanova ha presentado este lunes ante el Juzgado de lo Mercantil de Pontevedra la solicitud de concurso voluntario de acreedores tras acordarlo su consejo de administración en su última reunión, celebrada el pasado 4 de abril, aunque con el voto en contra de cinco de sus doce consejeros.

Entonces, la multinacional gallega trasladó a la CNMV que no parecía posible alcanzar, a corto plazo, un acuerdo con los acreedores de la sociedad y que su situación financiera presentaba riesgo de deterioro, de ahí que decidiera acogerse al concurso.

En un comunicado, Pescanova subraya su "firme voluntad" de presentar en el curso del procedimiento una propuesta de convenio a sus acreedores que posibilite el mantenimiento de la actividad y, por extensión, del empleo y la "generación de valor".

Considera la empresa con sede en Chapela, en el municipio pontevedrés de Redondela, que cuenta con "importantes fundamentos" para continuar con su actividad empresarial en la medida en su negocio se sustenta sobre "todos los pilares precisos" en el sector de la alimentación de productos del mar.

Alude a su intervención en los procesos de extracción, cultivo, elaboración y distribución; y a que dispone de "importantes licencias" de pesca, barcos pesqueros, piscifactorías, fábricas de elaboración y tratamiento, logística y medios de distribución".

Todo ello hace del grupo Pescanova "uno de los más importantes del sector a nivel mundial", destaca en el comunicado en el que anuncia la presentación del concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos.

El Presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, ha comunicado a la CNMV que vendió a lo largo de diciembre de 2012, enero y febrero de 2013 "un paquete significativo de sus acciones", que le "generó importantes pérdidas", según afirma en una nota de prensa.Las sociedades Inverpesca y Sociedad Anónima de Desarrollo y Control vendieron 1.986.196 títulos, con lo que la participación actual de Fernández de Sousa asciende al 7,45 % y sigue siendo el mayor accionista, ha añadido la compañía.

Insiste en que, "preocupado por la situación de tesorería" del Grupo y "las dificultades que Pescanova tenía para financiarse", decidió "poner su patrimonio a disposición de la compañía para resolver problemas urgentes de liquidez". En esta idea, añade, dio instrucciones a los administradores de sus sociedades para que el dinero neto resultante de la venta se utilizara de esa manera.

El presidente puede ser sancionado por vulnerar la Ley del Mercado de Valores por la comisión, al menos, de una falta muy grave al no comunicar en su día la venta de un paquete muy significativo de sus acciones que llevó a cabo en diciembre, enero y febrero.

Según la normativa vigente, los administradores y los inversores relevantes están obligados a comunicar a la CNMV los cambios de sus participaciones, y tienen para hacerlo, cuatro días hábiles bursátiles.

La última comunicación de cambios en la participación que controla en Pescanova el presidente de la compañía, Manuel Fernández de Sousa, tiene fecha de seis de agosto de 2012 y señala que controla directa e indirectamente el 15,426 % de la sociedad.