El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha dicho que no permanecerá "pasivo" si las protestas contra políticos desbordan los derechos de reunión y manifestación y acaban invadiendo otros derechos como los de la intimidad, la privacidad y la propia imagen.

Antes de participar en la entrega de unos premios de seguridad laboral en la construcción, Torres-Dulce ha explicado que el ministerio público está "muy vigilante" de las situaciones de acoso para establecer un criterio de "proporcionalidad" entre los derechos de reunión y manifestación, "que forman parte importante de la vida democrática de un país", y los derechos individuales.

A su juicio, no debe "criminalizarse" cualquier acto de reunión o manifestación, pero los fiscales no van a ser "insensibles" ni permanecerán "pasivos ante cualquier desbordamiento de esos derechos, que no son en modo alguno absolutos". En este sentido, Torres-Dulce ha recordado que el artículo 498 del Código Penal tipifica los tipos de coacciones, amenazas e intimidaciones de carácter "grave" a miembros del Parlamento para que cambien el sentido de su voto.

En cualquier caso, el fiscal general del Estado ha abogado por un examen "absolutamente individualizado" de cada caso y ha insistido en que "el criterio es el de la proporcionalidad". "Somos sensibles al respeto a derechos tan importantes para la convivencia democrática como las expresiones de crítica política y el derecho de reunión y manifestación", así como a "los derechos individuales que forman parte de la convivencia ciudadana", ha insistido el fiscal, quien ha reiterado que esos derechos tienen sus límites en el Código Penal y "deben ser respetados por todos".

Torres-Dulce ha preferido no pronunciarse sobre las propuestas para fijar un perímetro en el que queden prohibidos los escraches porque se trata de una cuestión "de carácter público administrativa". "Si he pedido respeto para la no interferencia por parte de organismos administrativos y políticos en lo que respecta a la Fiscalía, yo voy a adoptar el mismo criterio", ha argumentado el Fiscal General.