Cortés dice que Andalucía ha dado "un paso" en defensa de la vivienda con un decreto que "ya tiene carne y apellidos"

Cortés dice que Andalucía ha dado "un paso" en defensa de la vivienda con un decreto que "ya tiene carne y apellidos"

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha afirmado este viernes que Andalucía ha dado "un paso adelante importante" en defensa de la vivienda con un Decreto-ley que "ya tiene carne y apellidos", después de que dos familias de la provincia de Cádiz presentaran la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que les han embargado, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto ley sobre la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha afirmado este viernes que Andalucía ha dado "un paso adelante importante" en defensa de la vivienda con un Decreto-ley que "ya tiene carne y apellidos", después de que dos familias de la provincia de Cádiz presentaran la solicitud para el inicio del expediente de expropiación del uso de las viviendas que les han embargado, coincidiendo con la entrada en vigor del decreto ley sobre la función social de la vivienda de la Junta de Andalucía.

En declaraciones a los periodistas antes de firmar con 17 municipios de la provincia de Sevilla su incorporación al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la consejera ha señalado que el objetivo es defender el derecho a la vivienda y "primero se verá si cumplen con los requisitos y luego se iniciará el expediente".

A parte de estas familias en Jerez (Cádiz) que ya han solicitado esta medida, Cortés ha recordado que en las oficinas antidesahucios hay unas 200 familias que serían "las primeras beneficiarias en caso de cumplir los requisitos".

Además, ha apuntado que el Decreto-ley establece el plazo de un mes para que la Consejería apruebe un plan de inspección por el cual, primero, se declarará la vivienda como deshabitada —al menos seis meses al año vacía— y, una vez esto, se incentivará a las personas físicas y se sancionará a las jurídicas con "hasta 9.000 euros" porque la Consejería considera "muy grave" el "uso antisocial, que no tutela la Constitución española, al mantener una vivienda deshabitada".

De igual manera, ha señalado que el afán no es recaudatorio sino que se pretende "un cambio estructural en las políticas de vivienda", y en concreto, una bajada en los precios del alquiler, ya que "la renta familiar en estos años de estafa financiera ha bajado un 20 por ciento, la vivienda un 35 por ciento y ahora hay que abaratar el alquiler para que las familias puedan tener acceso a la vivienda a través del alquiler".

Por otro lado, ante la disposición de la Consejería de acudir a una conferencia sectorial de vivienda para "hablar del drama de los desahucios", la consejera ha señalado que "de momento" no ha habido respuesta, mientras que sí han entrado en contacto con otras comunidades como Canarias que se muestra interesada en conocer el decreto.

Por último, ha vuelto a insistir en que el Gobierno tiene "una oportunidad de oro" con la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (LP), firmada por más de 1,5 millones de ciudadanos, que pide la dación en pago con carácter retroactivo.

"Hay elementos sobre la mesa suficientes para que el Gobierno y el Congreso de los Diputados apruebe sin desvirtuar la ILP", ha subrayado.

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