La nueva Ley gallega de función pública "actualizará" la legislación vigente y la adaptará a la norma básica estatal, de forma que "unificará" el tratamiento a los empleados públicos autonómicos y también incluirá un plan de ordenación de recursos humanos, que contempla la posible "reasignación" de efectivos según las necesidades de cada área, aunque no conllevará "despidos".

Así lo ha manifestado la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, que ha comparecido con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para desgranar una ley que situará a Galicia a la "vanguardia". Y es que este marco legislativo "estable y único" afectará no sólo a los empleados públicos de la Xunta, sino también de entidades locales, entes instrumentales, al personal de administración de universidades y a otros órganos como, por ejemplo, el Consello Consultivo.

Entre sus principales novedades, la conselleira ha señalado que se apuesta por el "principio de evaluación continua" de la actuación de los empleados públicos, lo que significa ratificar la carrera horizontal de los funcionarios y una "progresión profesional", sin cambio de puesto de trabajo. De forma genérica, Muñoz ha señalado que se tendrán en cuenta los "méritos" de los trabajadores.

Asimismo, ha subrayado que también se podrá "incentivar" el trabajo de los empleados públicos y "estimular" su formación y eficiencia, además de "valorar" su actitud profesional individual. Sobre cómo se podrían materializar estos "incentivos", la conselleira ha indicado que cualquier tipo de posible ascenso o de mejora económica, se concretará en un posterior desarrollo de la ley.