El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha considerado este jueves, en un principio, "positivo" el decreto ley de la vivienda aprobado por la Junta de Andalucía, que entra en vigor este viernes, pero ha pedido "prudencia" para valorarlo, avisando de que debe cumplir con dos "premisas", la función social y la legalidad.

En declaraciones a los periodistas antes de presidir en el Alto Tribunal andaluz el acto de jura o promesa de su cargo de 41 nuevos jueces, ha señalado que, aunque aún no lo ha leído en profundidad, entiende que se trata de una disposición adicional que pretende "proteger a las personas especialmente vulnerables con unas situaciones de mucha complicación social" y "buscar esa mayor utilización de la sociedad en base a una función social".

Pero ha querido ser "prudente", primero porque puede ser recurrido —recurso que valoraría el propio TSJA— y segundo porque "hay que ver los intereses en juego".

"Tendrán que verse los problemas que lleve añadidos. Se trata de algo novedoso, que no es una expropiación digamos de la propiedad en sí, sino del uso temporal durante tres años —que implica una "reversión" tras ese periodo—, que es algo a lo que hasta ahora no estamos habituados en la legislación", ha dicho Del Río, quien sin embargo ha indicado que "en principio hay que ver el decreto en positivo" porque ve con buenos ojos "todo aquello que sea buscar soluciones a los graves problemas que hay y algunas situaciones muy complicadas de desahucios".

En lo que respecta a la constitucionalidad o no de esas expropiaciones, Del Río ha indicado que la figura existe en la legislación siempre que cumpla una "función social". "Los únicos presupuestos constitucionales —en estos casos— son la utilidad pública y la función social. Que se cumpla esta función social es lo que habrá que ver", ha mantenido el presidente del TSJA, que además ha alertado de que será necesario un "justiprecio".