PP subraya que "es obvio" que hay una lista de afines al PSOE y opina que "matar al mensajero no tiene sentido"

PP subraya que "es obvio" que hay una lista de afines al PSOE y opina que "matar al mensajero no tiene sentido"

Oblaré señala que "las responsabilidades están mucho más arriba"

El vicesecretario general del PP de Málaga, Francisco Oblaré, ha advertido a la Junta de Andalucía de que "no por negar" el supuesto listado de funcionarios afines al PSOE "deja de existir" porque "es obvio que existe". Además, ha incidido en que "matar al mensajero no tiene sentido", en referencia a la secretaria de la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Marta Rueda, que está imputada en el proceso judicial abierto.

A juicio de Oblaré, quien ha hecho hincapié en que "la lista se ha mandado, con nombres y apellidos", una secretaria "no es la responsable, sino que las responsabilidades están mucho más arriba".

"Negar lo obvio no es lo razonable, pero la Junta nos tiene acostumbrados a negarlo todo", ha lamentado este miércoles Oblaré, quien confía en que la investigación judicial aclare lo sucedido y establezca responsabilidades.

Para el vicesecretario general del PP malagueño, aunque "haya una persona imputada, el responsable o la responsable es quien dio la orden y mandó ejecutar esa lista".

Como ha subrayado a los periodistas, "una lista de apestados en la Administración es lo más sectario y antidemocrático, pero, desgraciadamente, dice mucho de lo que son 30 años de gobierno socialista en la Junta".

Tanto el portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, como el delegado del Ejecutivo andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, insistieron este pasado martes en que "no existe ese documento", asegurando que "todos los mecanismos que la Administración regional tiene en marcha para cubrir los puestos están ajustados a la legalidad".

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) llevó ante la Fiscalía de Málaga en julio de 2012 el documento, "una selección de funcionarios afines al partido, en la que no figura ningún dato profesional", por entender que "discriminaba a los empleados públicos de la Administración autonómica en función de su afiliación política".

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