El Gobierno de Canarias realiza intensas gestiones para que la Comisión Europea modifique el actual borrador sobre las Directrices de Ayudas de Estado para el periodo 2014-2020 y evitar así que supongan "una limitación a la potencialidad del REF", dijo este martes ante el Pleno del Parlamento Javier González Ortiz, consejero de Economía, Hacienda y Seguridad.

González Ortiz añadió que este proyecto normativo, que previsiblemente será aprobado por Bruselas el próximo mes de mayo, contiene aspectos que, de no variar, pueden suponer "un freno al desarrollo económico de las islas".

El consejero aseguró que las directrices son de vital importancia para la economía de Canarias ya que están en juego, dijo, los incentivos fiscales del REF, la Zona Especial Canaria, el AIEM o las ayudas al transporte de mercancías, "unos instrumentos que deben encajar en estas nuevas directrices para poder continuar con su aplicación".

González Ortiz explicó que el archipiélago aspira, por una parte, a que se mantenga la intensidad de las ayudas a la inversión destinadas a las regiones ultraperiféricas (RUP) y, por otra, a que los procedimientos de notificación y justificación de las ayudas al funcionamiento no se vean entorpecidos por trámites "desproporcionadamente exigentes que obstaculicen y limiten el REF".

En general, las ayudas cumplen prácticamente con todas las condiciones de compatibilidad que establece el nuevo texto de directrices. Sin embargo, el escollo fundamental se encuentra en el procedimiento de verificación de las ayudas que se conceden a las empresas para compensar los sobrecostes que tienen en función de la lejanía y la insularidad, ha advertido el consejero.

El borrador elaborado por Bruselas incluye un mecanismo de control por el que cada empresa, de forma individualizada, estaría obligada a justificar que no recibe ayudas por encima de los sobrecostes que genera por ubicarse en una región ultraperiférica.

A este respecto, González Ortiz subrayó que el Gobierno de Canarias está conforme con el establecimiento de controles para que esto no suceda, pero entiende que "el método escogido crearía enormes dificultades para su ejecución, ya que es del todo imposible evaluar los costes adicionales de forma pormenorizada para cada una de las empresas".

Flexibilización del proceso

No obstante, el Gobierno de Canarias ha mantenido diversas reuniones con miembros de la Comisión Europa para aclarar el alcance de este borrador y se logre finalmente flexibilizar el proceso para que la tramitación de las ayudas no se vea obstaculizada por medidas desproporcionadas.

"Nuestra propuesta consiste en que la notificación se realice de forma más flexible, general y bajo parámetros macroeconómicos para cada RUP, o en su defecto, que se establezca un tope en el volumen anual de negocio que permita excluir de esta justificación individualizada a las empresas que facturen por debajo de ese límite", indicó.