Esta semana, el morlaco se ha llevado por delante al PP con la detención, entre otros, del alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y del director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, el cerebro del urbanismo balear, cuyo despacho fue registrado por la Guardia Civil. Los implicados repartían licencias a cambio de mordidas millonarias. Los populares han obrado en esta ocasión con inusitada rapidez echando del partido a los implicados, pero ello no ahorró a Zaplana el papelón de tratar de justificar lo injustificable: «El balance de unos y otros es distinto; si alguien tiene una imagen transparente es el PP», dijo.

Según Zaplana, la detención de Massot no afecta al Gobierno de Baleares porque los delitos de los que se le acusa fueron cometidos en su etapa de funcionario municipal. De lo cual se podía inferir que nombrar a un corrupto del urbanismo director general de la materia facilita su regeneración o que Massot sólo era corrupto en horario fuera de oficina. Lo dicho, un papelón.

Como era de suponer, le faltó tiempo al PSOE para hurgar en la herida y proclamar por boca de su portavoz parlamentario, Diego López Garrido, que «la mayoría de los casos que implican a cargos públicos afectan al PP» o que al PSOE le salpican «infinitamente menos casos» que al PP. Y esto se dice desde un partido que tiene a dos de sus ex alcaldes en el trullo por llevarse las comisiones en carretilla –por lo abundantes– y que ha conseguido que el término ‘pocero’, el sobrenombre del promotor de Seseña, Francisco Hernando, se asocie con yates de lujo y lluvia de millones. Los alias de estos sujetos merecerían un estudio aparte. ¿Qué confianza pueden inspirar unos señores que se hacen llamar El Pocero o El Paloma?

PSOE y PP están preocupadísimos por la corrupción, sí, pero sólo en la medida en que puede salpicarles. La prueba del nueve ha sido la petición de IU –que tampoco está libre de pecado– para que el Gobierno realice ante el Congreso una comparecencia con informe previo para tratar sobre la corrupción urbanística. Llamazares había iniciado conversaciones con Moncloa para ofrecer dos alternativas: que compareciera la vicepresidenta Fernández de la Vega con un estudio exhaustivo bajo el brazo en el que se incluyeran medidas para atajar este fenómeno o que el informe instara la creación de una comisión de estudio en el Parlamento que debería ofrecer sus conclusiones en un plazo de dos meses.

De esto hace tres semanas y el líder de IU interrumpió sus contactos con Presidencia tras constatar que estaba siendo toreado. Ayer registró la solicitud de la comisión de estudio. Si en los próximos 14 días no hay respuesta del Ejecutivo, denunciará el obstruccionismo y pedirá el amparo de la Mesa del Congreso. ¿Servirá para algo? Para nada. Los socialistas han hecho correr la especie de que la nueva Ley del Suelo, que transita ahora por el Senado antes de su aprobación definitiva, será el bálsamo de ‘Fierabrás’ contra la corrupción. Quizás se lo crean porque la ministra Trujillo lo repite una y otra vez. «Este país ya no será urbanizable del todo», afirma. La futura ley prevé una reserva del 25% para viviendas protegidas, un nuevo régimen de valoraciones del suelo y la exigencia de que cualquier modificación que suponga aumentar la población en un 20% o que afecte a un 20% del suelo del municipio implique la revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

El problema es que sólo se lo creen  ellos porque el PP asegura que lo que es una patata es la ley, que la suya era mucho mejor y que, en cualquier caso, esto se arregla modificando la Constitución y aumentando las competencias del Estado. Algo han cambiado las cosas en un mes porque a finales de octubre Rajoy rechazó la oferta de pacto contra la corrupción que le dirigió Blanco con el siguiente argumento: «El único pacto posible es que los corruptos dejen de robar y actúen la Policía y los jueces». «Esta gente –decía Rajoy en referencia a los socialistas– no tiene remedio, pero no todos somos iguales». «Hay que objetivar las condiciones», declara a 20 minutos un diputado de PP. «Si yo tengo 10.000 metros cuadrados, que me impongan todas las obligaciones, pero que no me puedan parar la licencia y me obliguen a sobornar al funcionario para agilizarla. Esto lo tienen que arreglar los legisladores y las comunidades». Así están las cosas mientras la termita sigue haciendo de las suyas.

En qué anda...

Juan Moscoso. Visita a Paco Larrañaga.

El diputado del PSOE ha estado en Filipinas y ha visitado a Francisco Larrañaga, el preso de origen español condenado a muerte y que ha salvado la vida tras la abolición de la pena capital. A Larrañaga, que ha adelgazado, se le permite ahora salir al aire libre.

R. García-Badell. ¿El que no avisa es un traidor?

Al jefe de gabinete de Esperanza Aguirre le han puesto la cruz en el partido por no haber advertido del escándalo que podía ocasionar la biografía autorizada de la presidenta de Madrid, especialmente las referencias a sus apuros para llegar a fin de mes. Por cierto, qué bien queda Regino en el libro.

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