El Tribunal de Cuentas ha recomendado este martes a los cargos electos municipales que limiten su presencia en consejos de administración y otros órganos, así como el importe global que perciben por asistir.

Recomienda evitar la duplicidad en las actuaciones y el solapamiento de competencias, así como de las entidades que no prestan servicio alguno o que carecen de actividad y promover fórmulas de agrupación de entidades locales para economizar y mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios.

Aconseja limitar el número de entes a los que pueda pertenecer un cargo electo de forma concurrente como miembro o representante de la entidad, así como el importe global a percibir en concepto de asistencia.

El presidente del órgano, Ramón Álvarez de Miranda, ha presentado este martes en la Comisión Mixta para la Relaciones con el Tribunal de Cuentas, celebrada en el Congreso, los informes de fiscalización del sector público local de los ejercicios 2004 al 2010.

En su opinión, el mapa local de España se caracteriza por su disparidad y heterogeneidad.  Ha recordado que hay un porcentaje relevante de entidades que no rinden cuentas y cuando lo hacen, frecuentemente, están incompletas, descuadradas y con errores, aunque la situación va mejorando.  Hay que fiscalizar a casi 13.500 entidades locales y no existe un registro "válido y completo" que recoja los entes que existen, lo que dificulta la acción fiscalizadora del Tribunal.

Ha aludido al desarrollo de sociedades mercantiles, que no responde a nuevas necesidades o a la racionalización de la gestión municipal, sino a la "deliberada huida de los controles internos o del control político municipal y a la búsqueda de un campo de actuación menos reglado", en el que poder incrementar el "margende discrecionalidad" en las decisiones que afectan a la contratación, ejecución de inversiones y la prestación de servicios públicos.

Para superar las deficiencias, aconseja hacer un mapa local acorde a las necesidades demográficas, económicas y sociales actuales y orientado a formas "más lógicas" para la prestación de servicios al ciudadano.

Álvarez de Miranda, también ha expuesto el informe que demuestra que un tercio de los alcaldes de municipios de más de 50.000 habitantes y de los presidentes de Diputación Provincial cobra más al año, incluyendo dietas, que su correspondiente presidente autonómico y que una quinta parte de ellos incluso gana más que el presidente del Gobierno.

Estas 172 entidades analizadas abonaron en 2010 casi 170 millones de euros en retribuciones de cargos electos, observándose unos niveles más altos en las diputaciones que en los ayuntamientos. La retribución media pagada a los miembros de corporaciones locales fue de 37.970 euros al año, si bien las cifras se elevan en el caso de concejales y diputados provinciales hasta los 52.439 euros, en los tenientes de alcalde y vicepresidentes de diputación hasta los 60.975 euros y los alcaldes y presidentes de diputación hasta 74.463 euros.

Eso sí, la mitad de estos cargos superan esa media. La retribución máxima la obtuvo el presidente de la Diputación Provincial de Alicante y ascendió en 2010 a un total de 141.428 euros, el doble de la media. En el caso de los alcaldes, el máximo fue de 121.466 euros.

Comparando estas retribuciones con otras instituciones, el Tribunal de Cuentas ha detectado que el 9% de estos cargos superó las retribuciones de los consejeros autonómicos y un 6% estuvo por encima de lo recibido ese año por los ministros del Gobierno central.

El 31% de los alcaldes y presidentes de diputación ganó más que el presidente de su comunidad y un 21% superó incluso lo cobrado ese año por el jefe del Ejecutivo.

Las diez entidades cuyo alcalde o presidente supera en mayor proporción el sueldo del presidente del Gobierno son las siguientes: las diputaciones de Alicante y Barcelona, los ayuntamientos de Zaragoza, Barcelona, Alcalá de Henares, Madrid, Valencia, Alcobendas y Las Rozas (Madrid), y la Diputación de Girona.

A renglón seguido, el órgano fiscalizador propone regular baremos objetivos a la hora de fijar retribuciones, así como poner límites cuantitativos a las mismas. También pide restringir el número de entidades a las que puede pertenecer un cargo electo.

En aras de una mayor transparencia, la institución recomienda a las entidades locales que den publicidad de los acuerdos que adoptan en materia de sueldos, dietas por asistencia e indemnizaciones, dado que actualmente son una minoría las entidades que aseguran haber dado publicidad a su régimen de retribuciones.

Precisamente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quiere fijar unas tablas salariales en las que se homologarán los sueldos municipales a los de los altos cargos del Estado y se tendrá en cuenta el número de habitantes de la corporación local. Su idea es que ningún regidor cobre más que un secretario de Estado, cuya retribución en los actuales Presupuestos Generales está fijada en 68.365 euros, un sueldo que cobrarán los regidores de grandes ciudades, mientras que el resto cobrará por debajo de ese tope.

Con esta medida los alcaldes de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Málaga y Zaragoza verán reducido su sueldo una media de al menos un 28%.

En su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda también expone los informes de fiscalización del sector público local de 2008, y de los sectores autonómicos y local de los ejercicios que van de 2004 al 2007.