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Juez anula apertura de juicio del caso 'Costurero' al detectar que no se ha notificado a una parte

El juez instructor del caso 'Costurero' por el que el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), se enfrenta a una petición fiscal de 180 años de cárcel y 10,5 años de inhabilitación, ha declarado la nulidad del auto de apertura de juicio oral al detectar que no se ha dado traslado a una de las partes para que formule acusación.

El juez instructor del caso 'Costurero' por el que el exalcalde de Zurgena y actual edil de Obras Públicas, Cándido Trabalón (PA), se enfrenta a una petición fiscal de 180 años de cárcel y 10,5 años de inhabilitación, ha declarado la nulidad del auto de apertura de juicio oral al detectar que no se ha dado traslado a una de las partes para que formule acusación.

El auto que ordena retrotraer las actuaciones, consultado por Europa Press y notificado el pasado jueves, es el resultado del trámite de nulidad de actuaciones iniciado de oficio por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa al considerar que concurre causa por no haberse dado conclusión a los traslados a todas las acusaciones particulares.

En concreto, no pudieron formular acusación contra los procesados en la causa una pareja de ciudadanos británicos, propietarios de una de las viviendas en litigio en esta causa por delitos urbanísticos. En total, están personados como cuatro perjudicados por la actuación municipal y empresarial, todos de nacionalidad extranjera.

En el marco del conocido como caso 'Costurero' contra la corrupción urbanística en el que también están procesadas otras 23 personas, entre ellas exediles de la corporación, funcionarios, arquitectos y promotores inmobiliarios por falsedad documental, prevaricación urbanística, cohecho, desobediencia, negociación prohibida a funcionarios y contra la ordenación del territorio.

En el auto de apertura de juicio oral el juez resolvió imponer a Trabalón, quien forma parte del equipo de gobierno en coalición con el PP, una fianza civil de 571.147 euros. El fiscal, que acusa al exregidor andalucista de un total de 120 delitos aunque interesa la aplicación del artículo 76 del Código Penal con respecto al máximo cumplimiento de penas, le atribuye, entre otros comportamientos, la concesión de licencias para la construcción de inmuebles unifamiliares en no urbanizable por diferentes cauces "irregulares".

Sostiene además que en, al menos dos ocasiones, lo hizo "a cambio" de que las empresas promotoras beneficiarias construyeran "sin cobrar precio" un residencial y un bloque de viviendas en dos solares de su propiedad que han sido tasados en casi 400.000 euros.

Para Tijeras, el otro principal acusado en esta causa contra la corrupción urbanística y quien en la actualidad no ejerce cargo público, el fiscal tiene previsto solicitar penas que suman 178 años y seis meses de prisión mientras que los otros ocho excargos públicos imputados en la causa, de PSOE y PA, se enfrentan a penas de 18 meses de cárcel por cada licencia a la que dieron voto favorable en pleno y que oscilan entre las 80 y las 15, dependiendo de si asistieron a las sesiones plenarias o no.

Para el exconcejal de Urbanismo, el juez instructor ha fijado la fianza civil en 8.630 euros aunque el Ministerio Público destaca que, entre los años 2003 y 2007, recibió cantidades de dinero "cuya cuantía y número no ha podido determinarse" y un vehículo tasado en casi 31.000 euros por parte del acusado Antonio L.R., administrador de las mercantiles 'Antonio de la Jacinta' y 'New Horizon Villas' y principal beneficiario de las licencias urbanísticas concedidas presuntamente de manera "irregular".

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Modus operandi'

El Ministerio Público indica en su detallado escrito de 69 páginas, al que tuvo acceso Europa Press, tres fases en la trama tejida por los dos principales procesados, quienes, según remarca, decidieron y persistieron en tiempo "de común acuerdo" en conceder licencias para construir viviendas sobre suelo calificado como no urbanizable "no permitidas por la legislación urbanística".

En una primera etapa, que encuadra en marzo de 2003, habría actuado en solitario Tijeras como concejal delegado de Urbanismo y alcalde accidental de Zurgena, quien, conocedor de que los informes preceptivos de la Diputación Provincial serían contrarios a la concesión de las licencias, "decidió no solicitar" los citados informes y "prescindir" de ellos al tramitar los expedientes "prescindiendo totalmente del procedimiento administrativo legal".

En virtud de esto, el fiscal le atribuye la concesión a sabiendas de que eran contrarias a la normativa, de 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.

En una segunda fase, con Trabalón como alcalde y hasta finales de 2005, ambos habrían acordado, tras entrar en vigor la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), aprobar las licencias en pleno cuando hasta ese momento era bien el alcalde o bien la comisión de gobierno la que resolvía los expedientes para eludir los "informes técnicos y jurídicos que iban a ser contrarios a las licencias solicitadas". Así, se dio luz verde a alrededor de un centenar de permisos a promotoras de imputados por la presunta trama.

"SUBTERFUGIO"

El citado modo de actuar fue diseñado por el exregidor y el exconcejal de Urbanismo, y consistía en, "para dar apariencia de legalidad" a las licencias, usar el "subterfugio" de considerar suelo no urbanizable como suelo urbano cuando "contará con servicios básicos como acceso rodado, abastecimiento de agua y suministro de electricidad". Con este objetivo, según detalla, indicaban a los promotores que "antes o al solicitar" las licencias, hiciesen obras de urbanización "sin ningún tipo de permiso para ello".

La tercera etapa se habría iniciado, según el Ministerio Público, en febrero de 2006 cuando Trabalón dejó de convocar plenos y de conceder como Alcalde licencias de obra "ilegales" e ideó una manera de hacerlo "de forma menos manifiesta" utilizando la vía del silencio administrativo. Así, "decidió voluntariamente dejar transcurrir" el plazo de tres meses sin dictar una resolución sobre la licencia para "luego certificar su concesión por silencia administrativo".

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