El portavoz del grupo Bloc-Compromís en el Ayuntamiento de Benicàssim (Castellón), Domingo Ferrando, ha presentado este viernes una denuncia contra la alcaldesa de esta localidad, Susana Marqués, por un presunto delito de prevaricación por el pago en noviembre de 2012 de una factura a la empresa Maraworld S.A. —que gestiona el FIB— por importe de 196.381,43 euros ante un informe de la interventora municipal, en el que señala que se han omitido trámites y requisitos "esenciales" de la contratación administrativa.

La denuncia pide que se investigue si el hecho puede constituir un posible delito de prevaricación u otro por dictarse una resolución "manifiestamente injusta y que produce perjuicio a las arcas municipales públicas".

Así mismo, se indica que la vicesecretaria municipal realizó un informe de conformidad con el emitido por la Intervención de Fondos del Ayuntamiento, en el que explica que "esto debería suponer que el Ayuntamiento no debería pagar al contratista que reclama una cantidad en que no ha mediado un acto administrativo previo dictado con arreglo al procedimiento señalado en la Ley y ello porque, al ser nulo de pleno derecho, es como si no existiera el acto administrativo".

A pesar de todo ello, según la denuncia, por Decreto de la Alcaldía 18 de diciembre de 2012, la alcaldesa del Ayuntamiento de Benicàssim "no obstante el reparo de la intervención municipal, así como el informe de Secretaría" resuelve ordenar el pago.

El edil explica que ese pago se efectuó "cuando ya era público y notorio y se sabía que la empresa Maraworld S.A., que cobraba del Ayuntamiento de Benicàssim esos 196.381,43 euros por ese Decreto de la alcaldesa, adeudaba casi 4 millones de euros a muchos proveedores del FIB -entre ellos algunos particulares, autónomos y empresas pequeñas y familiares- a quien esa empresa aún no ha pagado y que, según noticias de prensa, acaba de presentar concurso de acreedores en el juzgado".

En la denuncia se pide que se proceda a la investigación de los hechos y a practicar cuantas diligencias fueran necesarias, incluidas las declaraciones de la alcaldesa, así como de la concejal de Urbanismo, Carolina San Miguel, y del concejal de Hacienda, Manuel Martín-Lorente.