El Colegio de Abogados de Málaga y Cruz Roja han llegado a un acuerdo de colaboración por el que letrados asesorarán de forma gratuita a los malagueños que tengan dificultades para hacer frente al pago de las hipotecas y que vengan de la mano del colectivo, que sólo en dos meses de este año ha atendido ya unos 250 usuarios en la provincia con problemas en materia de desahucios.

El servicio estará dirigido a personas, familias y unidades de convivencia empadronadas en toda la provincia que sean propietarias de la vivienda habitual y que se encuentren en situaciones de riesgo de ejecución hipotecaria o estén inmersas en dichos procedimientos, según han explicado el decano del Colegio, Francisco Javier Lara, y el presidente de Cruz Roja, Antonio Morales.

Lara ha indicado este viernes en rueda de prensa que con este convenio la Oficina de Intermediación Hipotecaria que tiene el Colegio "también asume el asesoramiento jurídico" a estas familias más desfavorecidas y ha explicado que será Cruz Roja la que hará la selección de las personas que necesitan de este asesoramiento y lo pondrá en conocimiento del Colegio, que dará una cita para que sean atendidos.

Esta atención se prestará tanto en la Ciudad de la Justicia como en las distintas delegaciones del Colegio en la provincia, según ha indicado el decano, quien ha destacado que ya hay un grupo de unos 50 abogados expertos en servicios bancarios que prestarán este servicio "de manera gratuita", por lo que ha subrayado "la gran solidaridad de la Abogacía".

Ha indicado que hace unos dos meses el Colegio de Abogados ha creado la Sección de Derecho Bancario que hasta ahora no existía, al considerar que "era tiempo de crear un grupo de letrados expertos en temas bancarios porque la situación lo exigía" y ha recordado que la institución ya ha firmado convenios con la Diputación y el Ayuntamiento de Málaga.

Por su parte, el presidente de Cruz Roja Málaga ha expresado que junto al paro y al empobrecimiento "se está produciendo un aumento de las desigualdades sociales", que conlleva "mayor inseguridad, menor índice de desarrollo y mayores dificultades para crecer". Ha apuntado que la pérdida de la vivienda familiar supone "uno de los factores que mayor riesgo de exclusión produce".

Morales ha indicado que si en 2008 se atendieron a 1.873 personas en riesgo de exclusión social, en 2012 la cifra creció en un 983 por ciento hasta los 18.422 usuarios. Además, se repartieron 21.000 productos alimenticios, de higiene, vestuario y material didáctico y en total 12.418 personas recibieron prestaciones económicas o de bienes.

Ha explicado que Cruz Roja ha puesto en marcha en Málaga una unidad de apoyo integral con el objetivo de ofrecer una respuesta completa a estas personas, lo que incluye una valoración social de la situación, la intervención individualizada con planes personalizados de ayuda de pago de recibos, la coordinación con los servicios sociales y otras entidades y el seguimiento de la evolución.

Al respecto, Morales ha indicado también se ofrece en esa unidad orientación y acompañamiento ante la entidad bancaria, pero quedaba el paso del asesoramiento jurídico, que se cubre con la firma del convenio con el Colegio de Abogados. Ha destacado la importancia de esta ayuda legal para las personas y familias que son usuarias de Cruz Roja.

A través de este servicio de intermediación hipotecaria, inicialmente se ofrecerá asesoramiento de forma individualizada, aunque también se pretende iniciar una negociación con los bancos para buscar una solución al problema, pero siempre de manera extrajudicial.

Tras dar sus datos, el ciudadano será citado por la Cruz Roja, que le indicará el día y hora para comparecer en las oficinas del Colegio de Abogados de Málaga que se correspondan con el partido judicial de su residencia. La cita será en la Ciudad de la Justicia los martes y jueves, de 10.00 a 13.00 horas, y en Torremolinos, Fuengirola y Marbella, los miércoles de 10.00 a 13.00 horas.

En las localidades de Ronda, Coín, Vélez, Estepona y Torrox será los miércoles de 10.00 a 12.00 horas. El convenio tiene una vigencia indefinida porque, según el decano, "no sabemos hasta cuándo se va a necesitar, que ojalá deje de serlo muy pronto".

El decano ha instado a toda la administración a involucrarse en la búsqueda de una solución al problema de los desahucios y, aunque ha señalado que los ciudadanos que firmaron las hipotecas "sin ser conscientes de lo que estaban firmando son responsables", ha considerado que "los demás —entre los que ha citado a notarios y los abogados— no podemos mirar hacia otro lado porque también somos responsables", junto con los bancos.