El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha rechazado el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta por el que se establece una nueva regulación en los procedimientos de selección de los funcionarios interinos de la Administración General de la Junta de Andalucía, una norma considerada "ilegal" por este sindicato, que exige su anulación y que advierte de que, en caso contrario, acudirá a los tribunales.

En una nota, el SAF ha indicado que se opuso a la propuesta de acuerdo, aprobado ahora por la Junta como decreto ley, porque "favorece a un colectivo de interinos frente a los demás ciudadanos andaluces".

De esta forma, considera que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto ley 5/2013 "imponiendo de nuevo un pacto de estabilidad para los funcionarios interinos, pero no para todos los interinos sino en exclusiva para el colectivo del anulado pacto de estabilidad que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tumbó por ilegal en el año 2000".

Ha explicado que en este decreto ley se establece que "hasta que se produzca la culminación de los procedimientos de consolidación de empleo previstos en la Disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, la selección de este personal se realizará en primer lugar entre el personal funcionario interino que, a partir de la entrada en vigor del presente decreto ley, cese en el desempeño de su puesto por resultar adjudicado a un funcionario de carrera en cualquiera de los procesos reglamentarios de selección o provisión, siempre que estuviere prestando servicios con anterioridad a 1 de enero de 2005; y que, a 31 de diciembre de 2013, cuente con cuarenta y cinco o más años de edad".

La Junta de Andalucía vuelve a proponer un pacto de estabilidad "restringido a interinos que estén prestando servicios con anterioridad a 1 de enero de 2005, de manera ininterrumpida, y mayores de 45 años".

Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su "repulsa" hacia una medida "impuesta" que "ignora cualquier cauce legal, incluida la posición contraria de los sindicatos, vulnera el principio de igualdad ante la Ley que recoge la Constitución en su artículo 14 e incumple las leyes de Función Pública, el Estatuto Básico del Empleado Público y las sentencias judiciales".

El sindicato apunta que en el decreto ley "se hace referencia a una Mesa Sectorial celebrada el pasado 21 de marzo con los sindicatos donde únicamente se posicionó a favor de la propuesta de la Administración la organización sindical Ustea, que representa al 13 por ciento de los funcionarios, mientras que los otros dos sindicatos con derecho a voto no dieron su aprobación, ya que CSIF se abstuvo y el SAF votó en contra". El SAF recuerda que estas dos organizaciones sindicales representan a más del 87 por ciento de los funcionarios públicos.

Ante la "falta de apoyo", la Administración "dio por cerrada la negociación y no se aprobó ese nuevo pacto".

Ha explicado que el Sindicato Andaluz de Funcionarios "se opuso rotundamente a cualquier acuerdo que significara una mofa a la normativa vigente y a la Constitución".

"La Junta favorece, de nuevo, a un colectivo privilegiado históricamente y cobijado bajo las faldas de las políticas de función pública, en detrimento del derecho de todos los andaluces al acceso al empleo público", ha aseverado el sindicato, que considera que el Gobierno andaluz "está convirtiendo a estos interinos en trabajadores intocables y los coloca por delante del resto de los ciudadanos andaluces, procedan de bolsa de interinos o de las ofertas de empleo público, agravando su situación en un periodo tan complicado de crisis y recortes".

El SAF considera una "burla" a los representantes democráticos de los funcionarios, un "daño irreparable al resto de andaluces discriminados" y una provocación "inadmisible" lo aprobado por el Consejo de Gobierno.

Agrega que en el decreto ley también se alude a "la severa situación de crisis económica iniciada en el año 2008, cuyos efectos desfavorables se han dejado sentir en el conjunto del Estado y de las comunidades autónomas, sin que Andalucía constituya una excepción".

El Sindicato Andaluz de Funcionarios propone que los puestos de trabajo "sean ofertados mediante una oferta de empleo público que cumpla con los principios constitucionales y demás normas jurídicas, a todos los andaluces, sin distinción de clase ni condición de edad".

SAF denuncia que el Gobierno andaluz "vuelve a utilizar de forma abusiva la figura del decreto ley, como ya hizo con la reordenación, puesto que su aplicación es en casos de extraordinaria y urgente necesidad".

De la misma manera, el sindicato exige una respuesta "contundente" del Gobierno andaluz y la anulación del decreto ley, y advierte de que, en caso contrario, SAF "acudirá a las instancias judiciales que correspondan para denunciar esta nueva ilegalidad".