Las federaciones de servicios públicos de CCOO-A y UGT-A han rechazado el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, promovida por el Gobierno central, toda vez que consideran que esa reforma afecta a 40.000 puestos de trabajo en Andalucía y pone en riesgo los servicios públicos del 90 por ciento de los ayuntamientos andaluces.

Por eso CCOO y UGT han elaborado una moción en defensa de las competencias de los ayuntamientos andaluces y en contra de la reforma emprendida por el Gobierno central que presentarán en los próximos días en todos los ayuntamientos para que sea aprobada en los plenos de todos los consistorios de Andalucía. "Queremos hacer un frente común en defensa del municipalismo y de la administración de proximidad al ciudadano", indican los sindicatos.

En una nota de CCOO-A, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO-A, Agustín de la Cruz, denuncia que la reforma de la administración local que pretende el Gobierno central supone en la práctica "la eliminación de la autonomía local y de las competencias de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes", además de "un atentado democrático contra la Constitución" y "una discriminación territorial y social".

Según el sindicato, "el 90 por ciento de los ayuntamientos andaluces se verán afectados, unos 40.000 empleos públicos andaluces peligran y se verán afectados por la reforma, y servicios básicos como la sanidad, educación, servicios sociales, atención a la mujer y a las personas dependientes, estarán en serio riesgo de desaparecer".

"Las administraciones locales tienen reconocidas constitucionalmente sus competencias y los alcaldes y concejales son elegidos democráticamente por su ciudadanía, pero ahora el gobierno central quiere saltarse todo eso en los municipios de menos de 20.000 habitantes, es decir, incumplir la Constitución y hacer caso omiso a la voluntad popular, además de caer en una discriminación territorial en función de la población", lamenta De la Cruz.

De esta manera, "se hurta la elección de los ciudadanos en el 90 por ciento de los ayuntamientos andaluces, que verán cuestionada su autonomía y reducidas sus competencias en función del control del déficit; es una barbaridad democrática", subraya el dirigente sindical. "Es un ataque a la democracia y una recentralización del Estado, fórmula de la que ya tenemos pruebas de que no servía a los ciudadanos", considera.

Por otro lado, De la Cruz advierte que las consecuencias "son aún más graves", ya que "perjudicarán severamente a los ciudadanos en los servicios que reciben de las administraciones locales, es decir, las más próximas a ellos y a las que acuden en primer lugar para solucionar sus problemas".

El responsable de CCOO explica que las competencias de servicios públicos como la sanidad, educación, servicios sociales o atención a la mujer "se les arrebatarán a los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes y se traspasarán a las comunidades autónomas", pero "sin garantizar la financiación de los mismos".

Así, considera que "al no haber dinero para mantener esos servicios, se bajará la calidad de los mismos y se destruirá empleo, cuando no se acabará por privatizarlos o, si no son rentables, por eliminarlos".

Asimismo asegura que CCOO "está abierta a negociar la mejora de los Ayuntamientos y la racionalización de los servicios que presta a la ciudadanía, garantizando el empleo para que se presten con calidad".

Pérdida de servicios

Por su parte,

Fsp ugt-A ha lamentado en una nota que "bajo las ideas de no duplicar competencias, igualar salarios de alcaldes y concejales de diferentes ayuntamientos y el ahorro de 7.000 a 9.000 millones de euros, la Ley en realidad busca una reforma en la administración local que atenta contra su autonomía y contra la autonomía de Andalucía, siendo una vez más los perjudicados los empleados públicos, por la masiva pérdida de empleo que va a conllevan; y los ciudadanos rurales en este caso, por la cantidad de servicios públicos que van a ver desaparecer de sus propios municipios".

El secretario general de

Fsp ugt-A, Antonio Tirado, considera que "la transparencia del Gobierno central en su plan de implantar esta Ley no aclara que igualar los salarios de los alcaldes es algo contraproducente con la tercera idea del ahorro, pues tal como plantean esta igualación, la mayoría de los alcaldes verán aumentar su salario, y concejales que actualmente no cobran por los servicios que prestan al ayuntamiento, empezarán a cobrarlo".

El sindicato ha apuntado que "centrándose en la idea de querer eliminar las duplicidades de competencias en diferentes administraciones, el Gobierno pretende eliminar de aquellos ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, ciertos servicios que hoy ofrece al ciudadano y pasarlos a diputación".

"Son servicios como educación, sanidad y atención a la mujer, que, si bien se llevan en ambas administraciones, diputación y ayuntamiento, no es cierto que cubran mismas necesidades, no ofrecen mismos servicios, no disponen de la misma cercanía con el ciudadano, y llevar esta competencia en su totalidad a diputación, sin garantizarle su financiación, no tendrá otro fin que la pérdida de este servicio para la ciudadanía", ha advertido el sindicato.

UGT-A ha explicado que "en esta unión de lo que ellos falsamente llaman duplicidad de competencias, se establecerá un coste estándar para toda España, lo que conllevará que en aquellos lugares donde más se necesite, claramente habrá deficiencia del servicio, pues habrá que reducir en recursos humanos y materiales, y por tanto en el número de servicios que se ofrece".

El sindicato agrega que "la segunda opción para los servicios que se eliminarán de los ayuntamientos y dejarán de ser públicos, gratuitos y universales, es su privatización, y ahí se entra ya en la necesidad del beneficio económico, con la reducción de nuevo por tanto, de plantilla y servicios".

De esta forma, el sindicato lamenta que "eliminando servicios, eliminando empleo público, privatizando servicios municipales es como quieren el ahorro de eso 7.000 o 9.000 millones de euros, a costa de eliminar derechos de los ciudadanos y servicios y empleo público".

Fsp ugt-A ha precisado que en Andalucía 122.050 personas trabajan en la administración local. Existen 771 ayuntamientos de los que 509 tienen menos de 5.000 habitantes, y 182 ayuntamientos entre 5.000 y 19.999 habitantes. Por lo que "el 90 por ciento de los ayuntamientos verían reducir sus competencias y 109.845 empleados públicos de la administración local serían los afectados".