El Govern prepara una ley marco de protección social, con más repago en los servicios, para "garantizar el Estado del Bienestar y adecuarlo a las nuevas necesidades surgidas de la crisis", en palabras de la consellera de Bienestar Social y Familia, Neus Munté, quien este martes ha recordado que se trata de una estructura de estado que el Ejecutivo catalán quiere reforzar.

Esta ley "paraguas", como la ha definido durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Ejecutivo catalán –que ha aprobado el anteproyecto de ley-, mantendrá el principio de universalidad pero vinculado a una "mayor corresponsabilidad de los ciudadanos en función de la renta".

En ese sentido, ha asegurado que no se trata de eliminar prestaciones y programas orientados a garantizar la subsistencia y a proteger a las personas con menos recursos porque "no sobra ninguna", pero sí de blindar el modelo "priorizando" aquello que es "imprescindible".

"Hay que hacer sostenible el modelo porque corremos un riesgo importante", ha añadido la consejera en referencia a las crecientes necesidades de los ciudadanos y a la caída de la aportación estatal.  El Gobierno central ha reducido las partidas para políticas sociales en un 92% en tres años, obligando a la Generalitat a realizar un "esfuerzo ingente", ha afirmado.

Es por ello que Munté apuesta por "reordenar" el sistema de prestaciones actual pero para hacerlo buscará, según ha dicho, el mayor consenso político y social posible porque la "inversión social" es clave para evitar costes mayores en un futuro. Lo mejor, ha añadido, sería disponer de más recursos para "dar una respuesta más ágil y eficaz" tanto a los catalanes que se encuentran en situaciones de emergencias como a las entidades sociales, a las que adeuda 280 millones de euros.

Todavía no hay fijado un calendario para elaborar esta ley marco, que recogerá otros valores como la solidaridad, la equidad territorial o la colaboración público-privada, porque están pendientes de la elaboración del presupuesto de 2013, que depende del objetivo de déficit que finalmente establezca el Ejecutivo de Mariano Rajoy para este año.

Munté ha recordado que el 19,9% de los catalanes se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, un porcentaje que se eleva hasta el 26,4% en el caso de los menores de 16 años.

La tasa se dispara hasta el 26,7% si se tiene en cuenta otros factores más allá de los ingresos, como las dificultades para mantener la vivienda a la temperatura adecuada, comer carne o pescado cada dos días o la capacidad de afrontar gastos imprevistos.