El Consejo Nacional del Agua ha informado favorablemente del plan hidrológico de la cuenca del Duero, con el que se concluye toda la planificación que afecta a Galicia. También ha dado el visto bueno a los Reales Decretos de composición de los Consejos de Agua de Ceuta y de Melilla, con lo que se completan todas las demarcaciones del país.

El borrador del plan del Duero contempla la construcción de siete nuevos embalses, con una capacidad inferior a 140 hectómetros cúbicos, que se situarán en los sistemas más deficitarios de la cuenca, como son el río Órbigo, el Carrión y el Cega-Eresma-Adaja. Además prevé la finalización de la presa de Castrovido (Burgos).

El borrador del plan hidrológico prevé unas inversiones de 1.497 millones de euros que se invertirán para alcanzar los objetivos propuestos. De estos, 371 millones de euros se destinarán al saneamiento; 360 millones a modernización de regadíos y 351 millones a infraestructuras hidráulicas.

Según ha informado el MAGRAMA, el "mayor esfuerzo" del plan del Duero se concentra en las medidas de reducción de los vertidos de aguas residuales y la contaminación difusa, fortaleciendo los sistemas de depuración de los vertidos urbanos e industriales y la aplicación de buenas prácticas agrarias. El plan considera que en el año 2015 alcanzarán el buen estado 340 masas de agua, un 60 por ciento más que las actuales.

El encuentro ha estado presidido por el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que ha indicado que durante la próxima reunión, que se celebrará "antes de verano" se estudiará el borrador del plan hidrológico del Ebro, con el objetivo de concluir la planificación hidrológica este año para, después, "abordar un Plan Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España".

La cuenca del Duero es la mayor de la Península ibérica y la que más caudal aporta. En su parte española ocupa más de 80.000 kilómetros cuadrados y tiene una aportación natural de 12.400 hectómetros cúbicos al año, la segunda del país. A esta cuenca vierten sus caudales ríos significativos que atraviesan territorios de Castilla y León (más del 90 por ciento), Galicia (en la provincia de Ourense) y Cantabria.

A esta cuenca también vierten, aunque con superficies mínimas, algunos afluentes que pasan por Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, La Rioja y Madrid.

El conselleiro de Medio Ambiente, Terriotorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha destacado que con el plan para la cuenca del Duero "se cierra el ciclo iniciado con la aprobación del plan hidrológico de Galicia-Costa, en el que se incluyen las cuentas que dependen de la comunidad autónoma y que entró en vigot a finales de 2012.

El de la demarcación Miño-Sil, ha apuntado, recibió el visto bueno del Consejo del Auga en junio del año pasado y está "solo pendiente de la aprobación del decreto correspondiente para su entrada en vigor", la misma situación en la que se encuentra el plan del Cantábrico.

El conselleiro ha resaltado la importancia de tener regulados los recursos hídricos de Galicia según requiere la directiva marco europea, dado que suponen "casi el 25% de los recursos de España".

Aún faltan 14

Con el del Duero, son diez —de un total de 25— los planes hidrológicos aprobados desde finales desde principios de 2012. Concretamente, cuatro de ellos, Galicia-Costa, Tinto-Odiel, Guadalete-Barbate y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ya han sido aprobados por Real Decreto, mientras que los otros seis restantes están en la última fase administrativa, después de haber sido informados favorablemente por el Consejo Nacional del Agua. Estos son Miño-Sil, Guadalquivir, Guadiana, Cantábrico occidental y cantábrico oriental.

Durante el Consejo Nacional del Agua, el ministro ha destacado el "esfuerzo que está haciendo el Gobierno para superar el retraso acumulado" y cumplir con el compromiso de España con la Comisión Europea de finalizar este año el proceso de planificación hidrológica en todas las demarcaciones intercomunitarias (que son competencia del Estado) e impulsar la aprobación del mayor número de planes de las cuencas intracomunitarias por parte de las comunidades autónomas.

Arias Cañete ha recordado que una vez estén aprobados todos los planes de cuenca, el objetivo del Gobierno es abordar "un Plan Nacional del Agua que garantice un suministro en cantidad y calidad suficientes y de una manera integral y solidaria en toda España".

Además, ha añadido que como resultado de dicho pacto se propondrá un nuevo Plan Hidrológico Nacional, que contemple los acuerdos del pacto y materialice sus objetivos.

Por otro lado, el Consejo Nacional del Agua también ha informado favorablemente de los Reales Decretos de composición de los Consejos del Agua de las demarcaciones de Ceuta y de Melilla. Con ello, según ha destacado Arias Cañete, se completa el mapa institucional de las demarcaciones hidrográficas de España, "lo que será un hito destacable".

El Consejo del Agua de la Demarcación es un órgano colegiado de participación y planificación que, necesariamente, debe intervenir, entre otros asuntos, en la tramitación de los correspondientes planes hidrológicos de Ceuta y de Melilla, que actualmente se encuentran en periodo de consulta pública.

Por otro lado, el ministro ha adelantado a los asistentes al Consejo Nacional del Agua que su "intención" es aprobar en el próximo encuentro, previsto para antes de verano, el plan hidrológico del Ebro, que es "uno de los más complejos" por el gran número de comunidades que atraviesa y porque requiere coordinación con Francia y Andorra.

El ministro ha subrayado también que ya se ha abierto el proceso de consulta pública del proyecto del plan hidrológico de la cuenca del Tajo, después de un "gran esfuerzo" de diálogo, entendimiento y de búsqueda del equilibrio por parte del Gobierno para "garantizar que haya agua en cantidad suficiente para todos los aprovechamientos".

Daños al dominio público hidráulico

En la reunión también se ha abordado la propuesta de proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico, tras las alegaciones recibidas tras el anterior Consejo Nacional del Agua.

La modificación de este Real Decreto pretende regular la actividad registral de la Administración hidráulica y establecer los criterios técnicos de valoración de los daños al dominio público hidráulico en desarrollo de la legislación sobre infracciones y sanciones en materia de aguas.

El Consejo Nacional del Agua es el órgano asesor del Gobierno en esta materia, en el que están representados la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los entes locales, los organismos de cuenca, las organizaciones profesionales y económicas relacionadas con los distintos usos del agua, las organizaciones sindicales y empresariales y las entidades sin ánimo de lucro estatales.

Tras el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua, todos los planes hidrológicos (ya superado el trámite de participación pública) han de ser aprobados por Real Decreto por el Gobierno.