El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, prevé aprobar en el pleno que se celebrará este miércoles una nueva ordenanza de protección contra la contaminación acústica.

Esta nueva ordenanza se adapta a la Ley estatal del Ruido y pretende superar la anterior normativa municipal de protección del medio ambiente frente a ruidos y vibraciones, también aprobada en abril de 2002.

Al respecto, se indicó que el objetivo de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica se centra en regular la prevención, vigilancia y corrección de la contaminación sonora en el medio ambiente urbano del municipio, así como limitar las molestias, daños y riesgos que pudiera implicar para las personas o bienes, según informó el Ayuntamiento en nota de prensa.

"El ruido de ocio nocturno excede los requisitos para zonas residenciales, incumpliendo en general los niveles para el espacio interior, al menos durante los periodos de actividad de los locales de ocio nocturno aunque en algunas zonas como Plaza de Maspalomas y Yumbo incluso se incumple los objetivos promedio de calidad acústica, tanto para el espacio exterior como el interior", recoge un estudio previo sobre el mapa de ruidos de las zonas de ocio nocturno.

Asimismo, la ordenanza, que posibilita a los vecinos a denunciar ante el Ayuntamiento cualquier actuación pública o privada que incumpla las normas de protección sonora, distingue áreas acústicas dependiendo de su calidad, cuestión que quedará determinada con la aprobación del Plan de Ordenación Urbana.

De esta forma, una vez se delimiten esas áreas acústicas, el Ayuntamiento realizará sobre las mismas un control periódico e impulsará la revisión y actualización de las mismas cada diez años como máximo.

La aprobación de esta ordenanza también implicará que los edificios de nueva construcción y grandes rehabilitaciones tengan la obligación de presentar los certificados de aislamiento correspondientes, entre otras cuestiones.

Asimismo, la ordenanza recogerá la obligación que tendrán todos los responsables de los locales que dispongan de aparatos reproductores de sonido o audiovisual, de instalar limitadores homologados, que estarán conectados a nivel telemático con los servicios municipales de Policía, Fomento o Disciplina Urbanística para su control espontáneo.

Respecto a las infracciones, la ordenanza distingue entre muy graves, graves y leves, que pueden ser sancionadas con multas que podrían ir de los 1.500 a los 15.000 euros. Respecto a las graves se encuentran el exceso de ruido de coches y ciclomotores.