C-LM trabaja en una nueva norma para "proteger" de un desahucio a inquilinos que no pueden pagar

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno regional se encuentra trabajando en una nueva norma que "permitirá proteger a aquellos inquilinos que por circunstancias económicas no pueden hacer frente" a sus alquileres frente a posibles desahucios.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha anunciado que el Gobierno regional se encuentra trabajando en una nueva norma que "permitirá proteger a aquellos inquilinos que por circunstancias económicas no pueden hacer frente" a sus alquileres frente a posibles desahucios.

García ha aseverado en este sentido que se pretende "proteger" a inquilinos que no puedan pagar sus alquileres "para así darles tranquilidad y que no vivan angustiados por un posible desahucio".

Así se ha pronunciado García tras una Interpelación parlamentaria de la diputada socialista Rosa Melchor en la que ha pedido al Gobierno regional tener en cuenta nueve propuestas relativas a desahucios.

Entre estas propuestas, ha pedido una moratoria que paralice todos los desahucios que estén en marcha de carácter retroactivo, exigir desde el Gobierno que aquellas entidades bancarias que trabajen con la Junta paralicen los expedientes de desahucios forzosos o una modificación de la normativa estatal para que "no haya injusticias y las personas desahuciadas no tengan que pagar el IBI".

Tras esta Interpelación, García ha reconocido "estar de acuerdo" con las circunstancias "dramáticas" de muchas familias ante los desahucios, pero ha aseverado que "gran parte" de las peticiones de los socialistas "hacen referencia a un cambio de normativa a nivel estatal y es en el Congreso de los Diputados donde tienen que encontrar acomodo".

La titular de Fomento ha recordado que desde el Gobierno regional ya se ha empezado a actuar en esta materia y se ha sido "muy sensible", con actuaciones como asegurar el derecho de acceso a viviendas protegidas o la mejora de procesos administrativos para acceder a las mismas.

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