La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha firmado este jueves con los alcaldes de un total de once municipios de la provincia jiennense el convenio de adhesión al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, instrumento creado por su departamento que ha supuesto la apertura de oficinas provinciales de asesoramiento, intermediación y protección para combatir los desahucios en Andalucía.

Los ayuntamientos de Canena, Mengíbar, Campillo de Arenas, Baños de la Encina, Martos, Lupión, Escañuela, Sorihuela del Guadalimar, Marmolejo, Torredonjimeno y Villatorres son los primeros de la provincia que se suman a la iniciativa, que ya apoyan 97 municipios de toda la comunidad. Para Cortés, el apoyo creciente al Programa "demuestra que cada vez más alcaldes quieren estar al lado de las víctimas de la crisis frente a las entidades financieras".

En rueda de prensa junto a la delegada del Gobierno andaluz, Purificación Gálvez, y el delegado territorial de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio, Juan Antonio Sáez, ha indicado que "este creciente bloque institucional andaluz", ha añadido la consejera, "evidencia que en Andalucía existe un convencimiento político de actuar de otra manera, evitando la resignación institucional y poniéndose de parte de los sufridores de la crisis". Cortés ha señalado que la "histórica" sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea "debe marcar un punto de inflexión".

"El Gobierno debe decidirse ahora entre unas leyes que blindan privilegios de las entidades financieras o una sentencia que garantiza los derechos de los ciudadanos", ha señalado Cortés, que ha recordado que, con esta sentencia, las oficinas disponen de "una herramienta muy poderosa para paralizar desahucios". "Tanto el Tribunal de Luxemburgo como el Supremo, que ha puesto de relieve la injusticia de las cláusulas suelo, retratan un sistema hipotecario absolutamente desequilibrado", ha añadido.

Cortés ha subrayado que las oficinas del Programa "tienen el objetivo de que las personas que acudan a las mismas no pierdan su vivienda". "Esta forma de entender la vivienda, como derecho y no como mercancía, es lo que cimienta el trabajo diario de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda", que en sus primeros tres meses y medio de funcionamiento, del 8 de octubre del pasado año al 25 de enero, evitaron 969 desahucios en toda Andalucía, ha recordado Cortés.

La oficina de jaén

Durante los primeros tres meses y medio de funcionamiento, la oficina de prevención, intermediación y protección contra los desahucios de Jaén —acogida al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda y con sede en la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda— evitó 69 desahucios. En total, la oficina tramitó 82 expedientes, de los que dos correspondieron al ámbito de la prevención, 69 al área de la intermediación y once a la de protección.

En la fase de prevención, la atención se presta cuando aún no existe morosidad con la entidad financiera, y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las condiciones para evitar los desahucios que recoge el decreto del Gobierno actualmente en tramitación o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas en contratos financieros que ya han firmado o prevén firmar.

Estas dos familias atendidas han recibido información y asesoramiento, evitando preventivamente situaciones que pudieran comprometer su derecho a la vivienda. La intermediación es el servicio más demandado por los jiennenses y está destinado a quienes ya tienen deudas con las entidades financieras, encontrándose por tanto en riesgo de desahucio. Las 69 familias que han acudido a las oficinas en esta situación continúan en sus viviendas, por lo que se trata de posibles desahucios evitados.

En este ámbito, los afectados acudieron solicitando información, asesoramiento y negociación en relación con sus problemas hipotecarios. De las 69 familias atendidas, la oficina ha resuelto ya favorablemente 49 casos, garantizando que estas familias se mantengan en sus viviendas, y 20 se encuentran abiertos con expectativas favorables de resolución. "Todas estas familias siguen en sus casas, cumpliéndose así el objetivo de partida de la oficina", ha recalcado Cortés.

Las once familias que se dirigieron a las oficinas para solicitar protección o bien tenían el desahucio ya ordenado o bien habían perdido su vivienda habitual. En el primer caso, desde este servicio se ha contactado con la entidad financiera o con los juzgados, según corresponda, para evitar o dilatar en lo posible la ejecución.

En el segundo, estos puntos ofrecen no sólo la ayuda y asesoramiento para su inscripción en el registro municipal de demandantes, sino también la garantía de contactar con los servicios sociales del Ayuntamiento que corresponda para facilitar soluciones de emergencia, tanto habitacionales como de cobertura de las necesidades básicas. La oficina de Jaén está comprobando si los afectados ya desahuciados han encontrado alguna solución de emergencia, bien con sus familiares o de realojo, y están debidamente atendidas en el aspecto social.

Asimismo, Cortés ha animado a los ciudadanos que consideren amenazado su derecho a la vivienda a que "pierdan el miedo y la vergüenza" y acudan a las oficinas. "El discurso de culpabilización de la víctima ha hecho mucho daño, pero los único que deben sentir vergüenza son los Gobiernos que evitaron la modificación de la legislación sobre desahucios", ha señalado Cortés, que ha recordado que desde 2007 se han producido en Andalucía "80.000 desahucios que, con la sentenciad el Tribunal de Luxemburgo en la mano, son ilegales".

Detalles del convenio

El acuerdo firmado por la Consejería y los ayuntamientos garantiza el desarrollo y aplicación efectiva en estos municipios de los servicios de asesoramiento, intermediación y protección ante los desahucios que contempla el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda. En virtud del acuerdo, los consistorios, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, prestarán asesoramiento a aquellos ciudadanos que presenten problemas económicos para afrontar el pago de las cuotas del préstamo hipotecario o el arrendamiento de su vivienda habitual.

También se comprometen, mediante sus Servicios Sociales y previa solicitud de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, a realizar los informes que sean necesarios para comprobar, con carácter de urgencia y en un plazo máximo no superior a 15 días, la situación social y económica de las personas que solicitan los servicios de protección con el fin de determinar si se encuentran en riesgo de exclusión social.

Así, el convenio establece la colaboración entre la Consejería de Fomento y Vivienda y los ayuntamientos para ofrecer soluciones a aquellas familias que hayan sido desahuciadas y que cumplan con los requisitos para ser adjudicatarias del parque residencial de titularidad pública. Los ayuntamientos facilitarán a las Delegaciones Territoriales de la Consejería información relativa de los registros municipales de demandantes de VPO con el fin de poder ofrecer el mejor servicio a las personas que tienen dificultades para afrontar el pago de la cuota hipotecaria mensual.

Estos acuerdos contemplan la constitución de una Comisión de Seguimiento par dar respuesta a las cuestiones que se puedan suscitar en relación con el desarrollo del convenio y para realizar el seguimiento del mismo. El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años prorrogables.