El pleno de las Cortes de Aragón ha rechazado una proposición de ley, presentada por el PSOE, que abogaba por modificar la Ley Electoral de la Comunidad Autónoma de Aragón para eliminar la posibilidad de que los diputados autonómicos puedan percibir dietas, indemnizaciones o asistencias por el desempeño de otro u otros cargos públicos.

Concretamente, la propuesta se refería al artículo 5 bis de la citada ley, que precisa que los diputados de las Cortes no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Diputación General de Aragón o de las Administraciones públicas, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que les correspondan por el desempeño de otro u otros cargos, aspecto este último que se pretendía suprimir.

La iniciativa ha contado con el apoyo de PSOE, CHA e IU, que han sumado 30 votos, y el rechazo de los grupos que sostienen al Gobierno, PP y PAR, con 33 votos en contra. El presidente del grupo socialista en el Parlamento aragonés, Javier Lambán, ha defendido que "la política se retribuya con dignidad, pero no que por un mismo trabajo se produzcan dos retribuciones".

Concretamente, ha apostado por que los parlamentarios que tienen dedicación exclusiva "no tengan otra retribución que la de diputados" y ha recordado que él también es alcalde de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), pero ha renunciado a las retribuciones que por este puesto le corresponderían al cobrar como diputado.

Según ha argumentado, el objetivo de su iniciativa era que "los políticos tengamos una única retribución de las arcas públicas, que sea digna, pero explicable a los ciudadanos y comprensible por estos y no complementos que parezcan subterfugios para completar el sueldo".

Finalmente, ha reivindicado, para "recuperar la democracia", "mejorar la transparencia, abrir cauces de participación, abriendo de par en par las ventanas y eliminando cualquier forma de sombra" y ha considerado que el rechazo a esta propuesta es "un paso atrás de Aragón en materia de democracia y transparencia".

Dudas legales

El diputado del PP, Fernando González, ha planteado "dudas" sobre la legalidad de esta propuesta ya que "no creo que estemos capacitados en esta Cámara para regular lo que le corresponde o no a un miembro de una entidad local" puesto que eso depende de una ley estatal.

Asimismo, ha opinado que "no es desproporcionada" la cantidad de quienes perciben dietas, indemnizaciones o asistencia por el ejercicio de su cargo y ha argumentado que, "en las instituciones, no todos cobran lo mismo porque su dedicación y responsabilidad es diferente".

El diputado del PAR, Manuel Blasco, ha dicho que hay que "ser cuidadosos con la utilización de los recursos públicos" y gestionarlos con "racionalidad y eficacia, sin necesidad de que nadie prescinda de lo que merece por su trabajo", para sostener que si es preciso revisar los actuales sistemas de retribución y la legislación al respecto, se haga, pero no con acciones individuales, sino "desde el consenso y la reflexión compartida, conjunta, sosegada, justa y eficaz".

La portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha reivindicado el papel de los grupos de las Cortes de aportar iniciativas "que sean tenidas en cuenta por los grupos que están gobernando" y se ha preguntado por la legitimidad de pedir a los ciudadanos "el más mínimo sacrificio" ante los "recortes" económicos "y de derechos", cuando algunos miembros del Gobierno "cobran por estar en el Ejecutivo, acudir a las Cortes y tener un cargo orgánico" en el PP, "eso no lo puede entender nadie".

El portavoz de IU, Adolfo Barrena, ha lamentado la "oportunidad perdida de pasar de las palabras a los hechos" en un momento "de corrupción, opacidad y falta de transparencia" que "socava las bases del sistema democrático" por la "alarma, el escándalo social y la desafección de la ciudadanía" y que "daña la credibilidad de las instituciones y la política y sin política no hay democracia".