El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha pedido este martes "diligencia" en la instrucción de la causa judicial abierta en relación con las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta porque ha advertido de que "hay riesgo real de prescripción de determinados delitos".

Vázquez se ha pronunciado de este modo durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno al ser preguntado por el reparto de tareas en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado de la investigación de los ERE fraudulentos, entre la magistrada Mercedes Alaya y los jueces de refuerzo, pendiente de pronunciamiento por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Tras señalar que la Junta "no entra en el reparto" de tareas en el Juzgado por "respeto a la separación de poderes", el portavoz sí ha querido dejar claro que el Gobierno andaluz "está especialmente interesado en que haya una instrucción con diligencia porque hay riesgo real de prescripción de determinados delitos" y el objetivo de la Junta es tanto "que paguen los responsables de estos hechos" como la "recuperación del dinero que haya podido ser defraudado".

En este sentido, ha manifestado que la Junta de Andalucía, a través de su personación en el caso de los ERE, está "encima" para "tratar en la medida de lo posible de agilizar" el procedimiento, aunque entiende que el propio juzgado y los magistrados serán "los primeros interesados" en llegar al fondo de la cuestión y aclarar los hechos.

Asimismo, a preguntas de los periodistas sobre la remisión al Juzgado de Instrucción número 6 de un informe adicional de cumplimiento de la Intervención General referido al ejercicio 2009, el portavoz ha manifestado que el Gobierno andaluz ha remitido documentación con "cientos de miles" de folios y que entiende que dicho informe estará incluido en ellos, señalando que "si no lo está, se le enviará como viene siendo habitual".

Así, el portavoz ha resaltado que "como norma general" la Junta ha colaborado "intensamente" con este juzgado, no solo respondiendo "a todas las demandas de información" que le realiza sino también tomando la "iniciativa" enviando documentos. Por ello, ha negado que exista "ningún problema" y ha resaltado que las vías de comunicación con el juzgado están "abiertas".

Reclamar "hasta el último céntimo defraudado"

El portavoz también ha destacado que el Gobierno andaluz "no va a parar hasta reclamar el último céntimo defraudado de los ERE". Así, preguntado en concreto por el caso de la confederación de personas discapacitadas CANF-Cocemfe Andalucía, ha señalado que hay que "confiar en la Justicia" pero resaltando que "si al final se demuestra que alguna ayuda no ha sido empleada para el fin que estaba concedida, será reclamada para su devolución a las arcas de la Junta".

También ha sido preguntado por la información publicada por el diario 'El Mundo' sobre la concesión de unas ayudas de 52,4 millones de euros a la multinacional automovilística de Delphi "sin pasar por el Consejo de Gobierno" siendo José Antonio Griñán presidente de la Junta y Manuel Recio consejero de Empleo.

Sobre esta cuestión, Vázquez ha resaltado que tanto el propio presidente de la Junta como el trabajo de la comisión de investigación parlamentaria de los ERE "ya dejó claros todos los procedimientos administrativos" relativos a la partida 31 L, señalando que ésta era "conocida y pública" y que el procedimiento sería "menos adecuado de lo debido", pero "absolutamente legal".