El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha abogado este martes por mantener el Pacto de Toledo en los términos en que fue acordado y por asumir un "compromiso reformista" que posibilite conservar, mantener y fortalecer en el futuro el sistema público de pensiones "al que debemos la mayor política de redistribución de rentas que existe en nuestro país".

Griñán ha inaugurado este martes en Sevilla unas jornadas organizadas por la Cadena Ser Andalucía sobre 'El futuro de las pensiones'.

Ha señalado que el Pacto de Toledo y la concertación con los agentes económicos y sociales, a la hora de abordar cualquier reforma estructural del sistema de pensiones, son imprescindibles. Ha añadido que el Pacto de Toledo es uno de esos activos políticos que normalmente hace y da cohesión económica, social o política a una sociedad, además de seguridad y fiabilidad, de manera que se debe mantener en los términos en que fue pactado.

"No fue un pacto de silencio, sino un compromiso con el futuro; tratar de consolidar en el fututo las conquistas del pasado", según el presidente de la Junta, quien ha estimado que todos estamos obligados a asumir un compromiso reformista, no para derogar un sistema que ha creado país, solidaridad y cohesión, sino para consolidarlo en el futuro.

"Se trataría de conservar, mantener y fortalecer en el futuro el sistema público de pensiones al que debemos la mayor política de redistribución de rentas que existe en nuestro país", ha expresado el presidente andaluz, para quien un país puede perder la confianza, pero nunca la seguridad.

En su opinión, se está planteando un debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones partiendo de "errores metodológicos de calado", como es el de ignorar impactos tan importantes como el crecimiento de la productividad sobre el PIB. Griñán ha señalado que el gasto en pensiones en España en términos de PIB sigue siendo inferior al gasto medio del conjunto de la Unión Europea.

Para Griñán, una prioridad absoluta debe ser la vuelta a la senda del crecimiento económico y de creación de empleo, "la medicina y el remedio que nos ha de llevar a un nuevo equilibrio en el sistema de pensiones para luego empezar a prever las tendencias futuras". Para Griñán, ello no se logrará si nos empeñamos en mantener como única política económica la mera consolidación fiscal, la cual no garantiza el crecimiento ni una correcta y eficaz senda de disminución del déficit público.

Ha agregado que también es necesario atender al reto demográfico, porque la media de edad de los españoles está en los 42 años, mientras que Europa está compitiendo con otras regiones del mundo con una media de edad que es aproximadamente la mitad y, por lo tanto, se plantea un problema no sólo para sostener sistemas de protección social, sino también de competitividad y de pervivencia del propio modelo económico de crecimiento.

Griñán, que ha apuntado que lleva un cuarto de siglo prácticamente debatiendo sobre el futuro de las pensiones, ha manifestado que vivimos en una sociedad en la que la esperanza de vida ha aumentado considerablemente, lo que es un gran logro de la humanidad, y ello ha coincidido con un desplome de la natalidad, lo que "nos enfrenta a un desafío, como es el del progresivo envejecimiento y la consiguiente sostenibilidad de la pensiones".

Envejecimiento de la población

Según José Antonio Griñán, el envejecimiento de la población y su incidencia en el sistema de pensiones es un debate recurrente que por desgracia se ha situado demasiadas veces en los extremos, entre el catastrofismo o el triunfalismo, sin los necesarios matices y sin atender a un análisis honesto intelectualmente del sistema español de pensiones y de su previsible evolución futura.

Griñán ha recordado que la fuerte caída del empleo y el constante aumento del número de pensionistas ha llevado a la Seguridad Social a acabar el ejercicio de 2012 con un desequilibrio en sus cuentas equivalente a casi un punto del PIB, mientras que la afiliación a la Seguridad Social cayó en casi 800.000 cotizantes.

Se trata, a su juicio, de unos datos preocupantes, pero no se puede caer en el "error, que sería interesado o malintencionado, de concluir a partir de un solo ejercicio un problema sobre la viabilidad del sistema de pensiones". Ha manifestado que no es a la actual coyuntura económica a la que hay que mirar para sacar conclusiones sobre el futuro, sino las proyecciones demográficas y la evolución previsible de la tasa de cobertura del sistema.

En este punto, ha puesto de manifiesto que las proyecciones de la población europea y española llevan ya años advirtiendo de que la población envejece y la fuerza de trabajo desciende. Ha señalado que, según el Instituto Nacional de Estadística, las tendencias demográficas actuales llevarían a España a perder una décima parte de la población en 40 años y, desde 2018, habría más defunciones que nacimientos y en 2052, el 37 por ciento de la población será mayor de 64 años.

Para Griñán, hacer frente o frenar esa tendencia es el verdadero reto demográfico que tenemos por delante, agravado ahora por una profunda crisis económica, que ha supuesto que incluso la población extranjera reduzca su participación en la población activa española.

Ha puesto de manifiesto que el sistema de pensiones español se basa en la solidaridad entre generaciones, algo de lo que carecen otros sistemas en el entorno internacional basados estrictamente en la capitalización, mientras que con el tiempo ha incorporado componentes fuertemente redistributivos, todo ello en el marco del Pacto de Toledo.

Tras recordar que la última reforma del sistema de pensiones, que eleva a 67 años la edad de jubilación y amplia el periodo de cálculo de las pensiones, fue aprobada por el Congreso en julio de 2011, ha puesto de manifiesto que a finales del pasado ejercicio, de forma imprevista, un nuevo decreto ley suspendió la aplicación de esa reforma en lo que se refiere a la jubilación anticipada y parcial.