La Audiencia de Málaga ha condenado a un hombre a cuatro años de prisión por quedarse con 655.800 euros entregados por tres matrimonios para que liquidara los impuestos correspondientes a la venta de una finca. Además, deberá devolver este dinero a los perjudicados e indemnizarlos con las cantidades que se determinen debido a los embargos que sufrieron por parte de la Agencia Tributaria.

Según se declara probado en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el acusado propuso a los perjudicados, denunciantes en este proceso, la gestión y liquidación de los impuestos en relación a la venta realizada, a lo que accedieron "confiando en su profesionalidad y buen hacer" y, además porque ya le habían encomendado otros asuntos.

Así, según la sentencia, el acusado fue recibiendo cantidades hasta los 655.800 euros, pero "no llegó a liquidar en ningún momento los impuestos relativos al IVA ni ingresó las cuotas relativas al Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF)". Además, "no devolvió las cantidades entregadas", llegando a advertirles de que si denunciaban "no recuperarían nada" y "les conduciría a la ruina".

La Agencia Tributaria, dice la Sala, comenzó a embargar dinero de las cuentas de los perjudicados, que a consecuencia de estos hechos, tuvieron, dice la resolución, "un importante perjuicio patrimonial, estando sometidos a procedimientos de embargo de sus bienes". Además, las víctimas sufren a causa de esta situación "trastornos de ansiedad y depresión" y uno de ellos perdió una prestación.

Cuando los denunciantes le pidieron explicaciones, el procesado entregó a uno de ellos un cheque sin fondos, señala la sentencia, en la que se precisa que frente a las liquidaciones efectuadas por Hacienda alegó "un supuesto error material de hecho", un "pretexto con el que siguió engañando y dando largas a los denunciantes, formulando alegaciones que no tenían nada que ver con lo ocurrido".

El acusado, al que se le condena por un delito de apropiación indebida, admite que recibió sólo parte del dinero para gestiones, pero no paga los impuestos, declaración que al Tribunal "no le ha merecido ninguna credibilidad", ya que, se apunta en la sentencia, mantuvo que la culpa "la tenían los perjudicados por no haber abonado los impuestos" y que la Agencia Tributaria "se equivocó en las liquidaciones".

La Sala incide en que la actitud del acusado fue "prepotente y desconsiderada para con los perjudicados, rallando lo ofensivo", añadiendo que "en ningún momento se mostró mínimamente arrepentido por la situación creada" y "sin asumir en ningún caso la responsabilidad de sus actos". El Tribunal le impone el pago a cada perjudicado de 1.000 euros por los daños morales y a una de las mujeres, 32.800 euros más.